En la entrevista de la CBS (04/01) con el secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, la periodista Margaret Brennan le preguntó por qué, además de Maduro, no se habían llevado también, entre otros, a Diosdado Cabello, el ministro del Interior, famoso por su dureza represiva, por quien EU pedía 25 millones de dólares y presente en la lista de acusados que encabeza Nicolás Maduro. Rubio contestó: “…pero si ya se están quejando (internacionalmente) de esta operación. Imagine los aullidos que recibiríamos de todo el mundo si verdaderamente nos quedáramos cuatro días (en Venezuela) para llevarnos a otros cuatro funcionarios”. Es decir, los “aullidos” les afectan, les limitan, les obligan a calcular.
Pocos hechos con tantos significados, muchos opuestos entre sí, como la operación del gobierno de Donald Trump para llevarse al dictador Nicolás Maduro. Soy de quienes piensan que la dictadura de Maduro había destruido la soberanía venezolana. No sólo porque la seguridad de ese país se gobernaba a control remoto desde La Habana, pero también presencialmente, como lo demostraron las muertes de 32 guardaespaldas de Maduro durante la operación. Y porque, ante el desastre económico, se malbaratan recursos estratégicos al extranjero, como las tierras raras, donde las compañías chinas mantienen en condiciones de esclavitud a trabajadores venezolanos, como lo denunció la ONU. También por las inhumanas condiciones económicas impuestas a la población que se quedó en el país, al tiempo que obligaron al exilio a una cuarta parte de su población. Pero, sobre todo, porque la dictadura violó una y otra vez la fuente primordial de la soberanía: la voluntad popular.
Al igual que en el artículo 39 de nuestra Carta Magna, el artículo 5 de la Constitución venezolana dice, a la letra, “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley e, indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”. “Mediante el sufragio”, y así lo hizo 70% del electorado venezolano en las elecciones de julio pasado. Y, sin embargo, esta voluntad se desconoció, como se había hecho en otras elecciones o negociaciones políticas intentadas. Que la operación militar fue la forma ideal, no. Que sienta un precedente peligroso, sí. Que la transición todavía no empieza, como lo ha dicho la nobel María Corina Machado, también es cierto, y que es incierto el resultado, también, pero ahora se ha abierto una puerta que —de no haber sido por la operación Resolución Absoluta— hubiera continuado cerrada. Por eso es importante “aullar” y señalar errores y peligros potenciales y reales.
Pero también es un precedente la tolerancia internacional a una dictadura cruel e inhumana, entregada al expolio extranjero y huésped cómodo y partícipe del crimen organizado. Había pocas opciones. México fue cómplice no sólo al desconocer el fraude electoral contra Edmundo González y mandar una representación a la toma de posesión ilegítima de Nicolás Maduro, sino por el continuo apoyo que ha recibido la dictadura durante los pasados siete años.
Pero hay muchos otros lados del poliedro: el éxito de la operación militar engaña a muchos oprimidos en otras naciones que ahora piden al presidente Trump que repita la hazaña. Lo piden algunas voces en Irán y otros ingenuos en México. El injerencismo estadunidense es pésimo para el mundo y para los propios Estados Unidos. Paradójicamente, los debilita internacionalmente y pone en acción fuerzas centrífugas del sistema en el que EU y el dólar todavía prevalecen. Y quienes predican, como Stephen Miller, que el mundo sólo se puede manejar mediante la fuerza, no han aprendido ninguna de las lecciones de la Primera y Segunda Guerra mundiales. Gobernar por la fuerza y la humillación, más temprano que tarde, lleva a la ingobernabilidad, a la inestabilidad y a más guerras.
Más preocupante para México que la declaración del presidente Trump de que intervendrá en nuestro territorio contra los cárteles es el hecho de que en nuestro vecino la democracia se deteriore a pasos agigantados. Recién pasado otro aniversario de la violenta insurrección del 6 de enero con el fin de impedir el reconocimiento legal del triunfo de Joe Biden, se repite el negacionismo, se justifica la violencia y se perdona a muchos de los acusados de actos violentos. Se usa el Departamento de Justicia para perseguir a adversarios o a funcionarios, como el todavía presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, que son fieles a sus obligaciones constitucionales, aunque éstas no coincidan con los deseos del Ejecutivo. Eso sí es de temer.