¿Consultar o no consultar?

Una reforma constitucional del año 2013 incorporó elementos de democracia directa a través de la consulta popular. La Constitución regula cómo funciona y establece que “la consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral federal”.

Según nuestro régimen constitucional, cualquier otro tipo de consulta es ilegal. El futuro gobierno puede optar por cambiar la Constitución (dada la nueva composición del Congreso no le sería difícil hacerlo) e imponer el mecanismo de consulta que mejor le plazca. Mientras no lo haga es mera demagogia decir que se consultará al sabio pueblo con una encuesta u otro método para decidir dónde debe construirse el Nuevo Aeropuerto Internacional de México.

Se regulan las consultas populares para evitar la manipulación de quienes están en el poder. El momento de la consulta, los requisitos para participar, los recursos disponibles para quienes están a favor o en contra, quién puede votar, el nivel de participación para que sea vinculante, quien decide qué se puede preguntar y la pregunta misma, definen en buena medida el resultado de toda consulta popular.

Hay ámbitos donde no importa la opinión de la mayoría. En una democracia liberal como la nuestra se tienen que respetar los derechos individuales y, por ello, tales derechos no pueden constitucionalmente estar sujetos a consulta. Por ejemplo, si hoy se hiciera en México una encuesta sobre restringir derechos fundamentales a los criminales, probablemente los resultados de la misma irían en la dirección de restringirlos. No se puede hacer tal consulta.

Tampoco es buena idea someter a consulta popular temas fiscales, mucho menos para un gobierno de izquierda. La revuelta conservadora de California de 1978 incluyó una serie de candados para elevar impuestos, siendo el más importante el de limitar el impuesto a la propiedad. El resultado ha sido una crisis fiscal permanente. Ése fue el objetivo de los grupos más conservadores al preguntarle a la gente sobre cuánto querrían pagar en impuesto predial. El ciudadano desea un gobierno con más recursos de los que puede recaudar. Cuando no se pueden subir los impuestos, la crisis fiscal se resuelve recortando el gasto público.

Tampoco los temas técnicos deben ser consultados. Se pueden preguntar los fines, es decir, los objetivos de un gobierno. Esto es una decisión política, pero no los medios apropiados para alcanzar ese fin. Hoy, la cuestión no es si se quiere un aeropuerto de mayor capacidad para la Ciudad de México. Éste es un fin con el que seguramente una gran mayoría de la población estará de acuerdo. De lo que se trata es de decidir dónde es técnicamente viable construirlo. Ése es un tema para los expertos.  Le compete a ellos llegar a una decisión. Así es en nuestra vida diaria. En ninguna familia se decide qué procedimiento médico debe seguir la abuela con demencia senil dando el voto a todos los hijos y nietos de más de 18 años. Es una cuestión técnica que debe ser resuelta por especialistas.

La consulta incluso resulta absurda dado que la alternativa al aeropuerto en construcción, el hacer un par de pistas en la base militar de Santa Lucía, parece ser técnicamente inviable, por el riesgo de colisión con los vuelos del actual aeropuerto. Como dice el texto presentado a López Obrador por su equipo la semana pasada: “un documento formal que recibimos (…) confirma la opinión de MITRE sobre la inviabilidad aeronáutica de la operación simultánea de los dos aeropuertos”. Se va a mandar a hacer un nuevo estudio a unos misteriosos técnicos de Chile para ver si la opción en Santa Lucía es viable. Éste se terminará después de la consulta. ¿A qué juegan?

En el caso de un aeropuerto en una ciudad quedaría la duda de quién debiera participar en la consulta. ¿Sólo quienes viven alrededor del Lago de Texcoco? ¿Los habitantes de la Ciudad de México? ¿Todos los mayores de 18 años? ¿Sería razonable que, si en la Ciudad de México hubiera una amplia mayoría a favor del aeropuerto en construcción, y en el resto del país no, que ganara esta segunda opción a costa de la voluntad de los capitalinos? 

No tiene caso consultar este tipo de asuntos. El sitio donde se debe construir el aeropuerto es eminentemente una decisión técnica y compete a los especialistas. Si el futuro gobierno y sus expertos consideran que se debe hacer en Santa Lucía, es momento de empezar a construirlo. Tiene las facultades para hacerlo, aunque deberá pagar los costos de cancelar cientos de contratos del aeropuerto en construcción. Si Santa Lucía no es un sitio adecuado, debe continuar con la construcción actual. Debe hacerse responsable de su decisión. Para eso fue electo.

Profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey

Twitter: @carloselizondom