Ficciones
El artículo 41 de la Constitución dice que una elección federal o local será anulada cuando:
“a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado; b) Se compre (…) cobertura informativa o tiempos en radio
y televisión (…); c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas”. “Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero
y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento”.
¿Alguien cree que el recién ganador de la gubernatura en Coahuila o en el Estado de México no gastó en su campaña más del 5% autorizado? ¿Alguien cree que no se usaron recursos públicos?
La respuesta que obtengo a estas preguntas es que todos los contendientes sobrepasaron el límite de gasto, lo cual seguramente es cierto. El problema, sin embargo, es para el primer lugar, cuyo triunfo debería anularse de ser cierto que gastaron de más.
La Constitución también dice que: “Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material”. Ahí está el detalle. No es fácil demostrarlo. Nunca se ha anulado una elección con base en estos principios. Esto a pesar de que la reforma electoral aprobada en 2014 se vanagloriaba de haber desarrollado instrumentos para hacerlo posible.
En palabras de un documento de la Presidencia que presume los logros de esta reforma electoral, (https://goo.gl/yQ2aCo): “A fin de que las elecciones sean más transparentes, se crea un Sistema Nacional de Fiscalización a cargo del INE (…) se establecen reglas de coordinación financiera entre el INE y las autoridades de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para informar sobre operaciones financieras que sean objeto de presunción de origen ilícito, así como respecto de aquellas disposiciones en efectivo relevantes o inusuales que realicen las dependencias o entidades de los tres órdenes de gobierno”.
Dada esta discordancia entre la ley y la realidad, estamos viviendo en una de las siguientes dos ficciones. La primera, que toda la historia de los excesos de gasto y otras trampas en estas elecciones fue una fantasía de los medios de comunicación, de las redes sociales y de quienes me lo contaron en conversaciones privadas. Una especie de hechos alternativos de los cuales fueron convencidos prácticamente todos con quienes he conversado sobre las elecciones del domingo 4. ¿Acaso la encuesta citada por José Antonio Crespo en su artículo del pasado lunes en El Universal, la cual reporta que 14% de los votantes del Estado de México recibieron algún tipo de dádivas por su voto por el PRI y la demanda adicional de dinero en efectivo durante los meses de campaña que documentó Luis Carlos Ugalde en un estudio para las dos últimas elecciones federales, también es fantasía? No hay evidencia de violaciones a la ley, porque no hubo tales. Suena difícil de creer.
La segunda ficción es que nuestra ley electoral sea un cuento para tratar de dejar al respetable tranquilo. Nuestras instituciones electorales conforman un caro aparato que no detecta nada importante. El precio no hace más que subir, en las recientes elecciones cada voto costó 446 pesos, el triple que en 2012.
Quizá me estoy adelantando y veremos unos reportes de gasto de campaña de los partidos elaborados por el INE que sí detectaron los excesos, unos partidos que sí documentaron las irregularidades y un Tribunal Electoral que anula las elecciones ante las avasalladoras pruebas. Sin embargo, creo que no será así.
En descarga de las autoridades electorales, tampoco es fácil que se prueben estos casos. No suele quedar una pistola humeante y el INE tiene muy poco tiempo para integrar una investigación si así lo buscara. Ni la presunta grabación de un exfuncionario de Javier Duarte donde se dice que la campaña del candidato priista a la gubernatura el año pasado, Héctor Yunes, costó “mil 300 millones y que el candidato quería dos mil millones”, sería suficiente como prueba ante un Tribunal Electoral, aunque sí abona a la evidente sospecha.
Si estuviéramos ante una sociedad equivocada que vio irregularidades donde no las hubo, el gobierno tendría un problema de legitimidad. Sin embargo, no se requeriría más que una campaña de información para que el ciudadano entienda que nadie gastó por arriba de lo autorizado y menos aun se gastaron recursos públicos en estas elecciones.
Pero, como estamos ante la segunda ficción, la de que la ley es una simulación, que se gasta de más, pero no pasa nada, el riesgo para el 2018, donde hay también nueve gobiernos locales en juego, es enorme. Tendremos una competencia a punta de billetazos, con los tres niveles de gobierno interviniendo en todo lo que puedan, para terminar por erosionar la legitimidad de nuestra democracia, más si el triunfo es apretado y quien gana es el partido que gobierna. Tanta construcción de un oneroso aparato electoral para terminar como antes.
Profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey
Twitter: @carloselizondom
