Segalmex, no se aprende del pasado

El anuncio del cercano nombramiento de Ignacio Ovalle Fernández al frente de una nueva entidad pública que será denominada Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) confirma que el Presidente electo de México habrá de privilegiar, en la integración de su gabinete ampliado, perfiles que sigan ciegamente su proyecto, con méritos partidistas en épocas lejanas y viejos conocidos del quehacer público en los gobiernos del populismo de los años setenta.

El caso de Segalmex es una clara señal de cómo transcurrirá la administración de López Obrador, al revivir un programa de subsidios que ha fracasado en México y en otros países, con medidas que provocaron endeudamiento, déficit público, inflación y devaluación.

¿Qué tiene que ver la distribución y procesamiento de bienes básicos, a cargo de Diconsa y Liconsa, con la “seguridad alimentaria”? Nada, a menos que entendamos que con Segalmex se harán realidad las promesas de campaña: precios de garantía a productos del campo, sustitución de importaciones por productos subsidiados y menores estímulos a la agroindustria exportadora.

También vendrán otras empresas paraestatales que, muy probablemente, reproducirán el modelo de la quebrada Conasupo y la serie de empresas que desplegaban la presencia del Estado en una economía rural intervenida y sostenida artificialmente.

Cabe recordar que las pérdidas operativas de estas empresas pasaron de 738 millones de pesos en 1965, su primer año de operación, a 83 mil millones en 1982, cuando se inició su liquidación. El peor caso ocurrió en 1982, cuando el índice general de precios se quintuplicó, mientras que el déficit operativo de la Conasupo dio un salto de 1,125 por ciento.

Ello se explica por el enorme diferencial entre los precios que la paraestatal pagaba y los precios a que vendía, gracias a transferencias del gasto público y a costa del bienestar social de la mayoría. En mayo de 1983, el precio de garantía por tonelada de maíz era de 16 mil pesos, mientras que el precio de venta en tiendas era de seis mil 550 pesos, lo que equivale a nueve mil 450 pesos de subsidio directo por tonelada.

¿A quién benefició esto?, ¿al campesino productor?, ¿al consumidor de bajos ingresos? A ninguno, sino a una extensa red de intermediarios que hicieron de los subsidios su corrupto negocio; y nunca al consumidor, porque el modelo hacía que fuera del maíz y el frijol (que, además, podían autoproducir), su ingreso real se evaporara con la inflación.

El llamado “sistema Conasupo” nació en 1965, pero su origen está en la creación del Comité Regulador del Trigo, por parte del presidente Lázaro Cárdenas, en 1937. Eran tiempos de monopolios abusivos en mercados sin control, donde, paradójicamente, terminaba importándose grano de pésima calidad a precios exorbitantes. El objetivo de la autosuficiencia alimentaria resulta inviable en una economía abierta como la actual, en la cual México ocupa el décimo lugar en el mundo como potencia exportadora de alimentos.

En 1976, el presidente José López Portillo nombró a Ignacio Ovalle director general del Instituto Nacional Indigenista (donde conoció al hoy Presidente electo) y, al año siguiente, asumió la coordinación del programa Coplamar (Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados), creando enseguida el Sistema Coplamar-Conasupo.

Hoy, el señor Ovalle está de vuelta para conducir una nueva versión de aquel ejercicio fracasado. La fórmula es la misma: precios de garantía con subsidios indiscriminados y un abasto subsidiado con déficit crecientes. ¿El resultado será diferente?

                *Secretario general de la CNOP