Gobiernos de coalición o segunda vuelta electoral

Gobiernos de coalición o segunda vuelta. Ésa parece ser la disyuntiva de la próxima reforma electoral a leyes secundarias en México. La semana pasada analizamos la experiencia en otros países que han tenido éxito con gobiernos conformados por coaliciones reglamentadas ante la ley y no sólo de carácter electoral. Destacados analistas han planteado la necesidad de transitar en México hacia un régimen parlamentario o de incorporar en nuestro sistema electoral la figura de la segunda vuelta. La historia comparada desmiente las bondades de estas fórmulas. El parlamentarismo no ha ayudado a países como España, Italia o Grecia a superar crisis cada vez más serias.

En algunos casos, la segunda vuelta ha llevado a la polarización social al inducir desgastantes empates técnicos, lo cual genera una dudosa legitimidad, además de debilitar al Ejecutivo al otorgarle a partidos minoritarios el poder de chantajear desde el Congreso, lo cual encarece los costos de la democracia. Las últimas seis legislaturas, propias de los periodos de “gobiernos divididos” han sido más productivas, gracias a una cultura de pactos o coaliciones que enaltece al legislativo mexicano. Como un gesto de reconocimiento a esta trayectoria podemos situar la figura de gobierno de coalición prevista en nuestra Constitución Política, como prerrogativa del Presidente de la República.

El artículo 89 señala que es facultad del Ejecutivo optar por esta fórmula en cualquier momento de su mandato, pactando con uno o varios de los partidos representados en el Congreso un convenio y programa a ser aprobado en el Senado. Pronto habrá de tramitarse la respectiva Ley Reglamentaria.

No se trata de coaliciones electorales, de acuerdos legislativos o bloques parlamentarios para determinada agenda. Hablamos de coaliciones de gobierno promovidas por un Presidente que busca compartir la responsabilidad de formular decisiones, apostando por el pluralismo y optando por la negociación y el fortalecimiento del sistema democrático.

Más allá de la pertinencia y bondad de esta fórmula a nivel federal, pensemos en las ventajas que reportaría la incorporación al orden constitucional local la facultad de los ejecutivos estatales para formar gobiernos de coalición. El Congreso de Aguascalientes aprobó esta figura el 28 de julio del 2014.  El gobernador electo Silvano Aureoles ratificó la Agenda por Michoacán, impulsada por un gobierno priista con organizaciones de la sociedad civil y empresariales. Dada la fragilidad de la recuperación de esa entidad en todos los frentes, no habría que descartar un convenio con los partidos comprometidos con el desarrollo de ese estado. Igual podría pasar en el caso de Guerrero, con actores semejantes en roles invertidos. Los retos que enfrenta México son inmensos. El distanciamiento de PAN y PRD respecto al Pacto por México no invalida el consenso original que le dio vida. Nadie puede marginarse de su implementación. Hacerlo abonaría riesgos a la democracia y condenaría a uno u otro estado al atraso, a la marginación e incluso a la ingobernabilidad.

Ha llegado la hora de analizar, discutir y acordar reformas secundarias y políticas públicas para instrumentar, a nivel federal, los gobiernos de coalición. Las coaliciones que, en los últimos años, se han registrado en el país han tenido sólo un carácter electoral, como son los casos de Sinaloa, Oaxaca, Puebla y Baja California, por lo que se debe avanzar en el marco legal a nivel federal que permita gobiernos plurales, que fortalezcan la democracia, la gobernabilidad y los acuerdos en beneficio de la población. Una solución de compromiso entre el Poder Ejecutivo y el Congreso parece ser la fórmula para resolverlas. Y hoy, los partidos políticos y la disciplina partidista de sus miembros y cuadros electos son ingredientes imprescindibles para lograrlo.

                *Senador de la República.