Consulta popular inútil

Ni siquiera va a votar el Presidente de la República, ya que es obvio el resultado aun antes de la consulta popular.

Se consulta a la población si el gobierno debe cumplir su obligación en materia de investigación y persecución de probables ilícitos, en el contexto del incremento constante de contagios y muertes por el covid-19, a pesar de que la Constitución establece en el artículo 102 que “corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal”.

Hasta el día de ayer el número de contagiados activos ascendía a más de 100 mil, la curva epidémica aumentó 15% y el número de fallecidos asciende a más de 238 mil1. El Estado mexicano ha sido incapaz de lograr establecer las políticas públicas adecuadas para disminuir los contagios y fallecimientos.

Además, padecemos un incremento de la violencia y los actos delictivos, por lo cual, no sólo es irónica, sino ofensivo el menosprecio por una institución tan relevante como la consulta popular, para preguntar a la sociedad si está de acuerdo en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas.

El verdadero dilema está en que la votación alcance el 40% de los 93,597,559 ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, para que el resultado sea vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes, conforme al artículo 35 constitucional.

Se creó la figura de la consulta popular como un derecho ciudadano para que la sociedad exprese su opinión respecto de temas de trascendencia nacional, ya que sólo expresaba su voluntad para la elección de los cargos de elección popular, no para que sirviera de pretexto para desviar la atención de las prioridades nacionales o eludir la responsabilidad u obligaciones constitucionales.

Aun cuando la sociedad votara mayoritariamente por el “no” de la consulta, las autoridades competentes no pueden restringir los derechos humanos reconocidos por la Constitución y tratados internacionales en materia de impartición de justicia.

Los problemas a nivel nacional obligan a que todas las autoridades nacionales, estatales y municipales concentraran sus esfuerzos en favorecer el desarrollo económico nacional o la educación pública sin que ello implique incrementar los contagios por el covid-19.

Lamentablemente, tenemos al Instituto Nacional Electoral, incluso a otras autoridades haciendo la promoción de una consulta pública sobre un tema que no sólo es innecesario de ser consultado a la sociedad, incluso, debatiendo con las autoridades de la administración pública, por ejemplo sobre la veda electoral.

La Constitución establece en el mismo artículo citado que “durante el tiempo que comprende el proceso de consulta popular, desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, salvo aquellas que tengan como fin difundir campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a los servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia”.

Sin embargo, una vez más, el gobierno federal hace gala de una República bananera que no le importa violar la Constitución y tenemos al Presidente de la República realizando visitas a las entidades federativas promocionando programas que nada tienen que ver con los permitidos por nuestra Carta Magna.

En lugar de haber gastado en una consulta que no le interesa ni a quien la propuso, deberían haberse utilizado dichos recursos públicos en los temas que demanda la sociedad como el apoyo a los servicios de atención médica.

                1. México registra más de 5 mil nuevos casos de covid;    muertes llegan a 238 mil 595 (excelsior.com.mx)