Drogas: es momento de pensar diferente

Ernesto Zedillo, expresidente de México de 1994 al año 2000, declaró: “Me equivoqué en el problema de las drogas”. Admitió que “siguió una política equivocada durante su administración al apostar por la prohibición de los estupefacientes en lugar de su regulación”. Explicó que las políticas prohibicionistas basadas en la represión y criminalización han dejado un “resultado devastador” en muchos países.

En este mismo sentido, en el marco de la presentación del nuevo informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas, el expresidente de Colombia, César Augusto Gaviria Trujillo, hizo un llamado al gobierno mexicano para hacer un giro en su política sobre drogas y recomendó regular, en principio, el uso de la mariguana.

El exmandatario colombiano afirmó que a la fecha las políticas prohibitivas no han funcionado en ningún país, y subrayó: “Hemos seguido la política liderada por Estados Unidos, lo que tenemos que decir de esta política es que ha sido un fracaso, sobre todo en términos de vidas humanas, también en bienestar, en salud, y muchos otros gobiernos están empecinados en defender lo que ellos no son capaces de implementar en su propio país”.

Aun cuando la actividad delictiva en México no sólo está relacionada con la problemática de drogas, el narcotráfico significa un importante suministro de recursos que hoy lastiman importantes áreas del país. Corrupción e impunidad son resultado de los cuantiosos recursos que llegan a las arcas de los grupos criminales. Hoy se abre una importante área de oportunidad en torno a modificar la política de drogas en el país. Cambiar la política prohibicionista, por una regulación sólida de las drogas en México, es un tema que debe analizarse con toda profundidad.

La inseguridad ha escalado a niveles realmente preocupantes.

Sólo hay que leer el reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el cual señala que el costo total por la inseguridad y el delito en México durante 2017 fue de casi 300 mil millones de pesos, cifra que equivale a 1.65 por ciento del Producto Interno Bruto nacional (PIB). Lo anterior, al presentar los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2018.

En dicho estudio, el Inegi estimó que 25.4 millones de personas mayores de 18 años fueron víctimas de algún delito durante el año pasado, prácticamente 1 de cada 5 mexicanos. Esta cifra representa una tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes de 39 mil 369, es decir, 1.3 puntos porcentuales más respecto a los 37 mil 17 registrado en 2016.

De estos delitos, los que sí contaron con una averiguación previa representaron apenas el 6.8 por ciento, lo cual significa que 93.2 por ciento de los hechos delictivos en 2017 no se denunció.

Las autoridades en muchas regiones del país están rebasadas o francamente compenetradas por los grupos criminales. Tan sólo la semana pasada, en el puerto de Acapulco fue intervenida la policía municipal por la Secretaría de Marina Armada de México, debido a la presunción de que varios de sus cuadros se encontraban relacionados con el crimen organizado del puerto.

Estas noticias son parte de una realidad cotidiana que no cambiará si no se toman decisiones de fondo. Es momento de pensar diferente.

El resultado de 12 años de una equivocada “guerra” contra los cárteles de la droga sólo le ha traído al país ruptura de tejido social, muerte e inseguridad.

Llevamos alrededor de 250 mil mexicanos que han perdido la vida de manera violenta, más de 37 mil personas desaparecidas y hemos gastado más de 1 billón de pesos en el llamado combate a las drogas, sin que la capacidad corruptora de este negocio haya disminuido y menos aún, sin que su consumo, trasiego y producción hayan cambiado.

Como bien lo señalaron Zedillo y Gaviria, es momento de pensar en cambios de fondo y nuevas políticas en materia de drogas.