Descarrilamiento

Apenas unos días después de su segundo aniversario se descarriló el Tren Interoceánico, cerca del poblado de Nizanda, Oaxaca. El descarrilamiento causó 13 muertos, incluidas dos niñas de seis y 15 años, y más de 100 heridos. Numerosas familias rotas, en lugar de celebrar el año nuevo con alegría y entusiasmo, llorarán a quienes han perdido y tendrán el alma en vilo esperando las noticias de la evolución clínica de los lesionados.

Desde luego, se requiere un minucioso e imparcial análisis técnico y jurídico para dilucidar los porqués del siniestro. Pero desde ahora —escribo esta nota el martes 30 de diciembre— se dispone de elementos de suma importancia, como lo advierte el diario Reforma, que no podrán dejar de considerarse. El análisis es de gran relevancia no sólo para deslindar responsabilidades, sino también para prevenir sucesos similares.

Esos elementos son:

a) Los taludes —pendientes artificiales creadas al excavar para la construcción de la vía férrea— no tenían la adecuada estabilidad, indispensable para evitar deslizamientos de tierra.

b) En la curva donde se produjo el descarrilamiento los durmientes eran de madera vieja.

c) Locomotoras y vagones incorporados al Tren Interoceánico fueron fabricados en Reino Unido por High Speed Train hace casi medio siglo, entre 1976 y 1982, y otras locomotoras estadunidenses datan de 1954.

Entre un accidente por causas fortuitas y un accidente propiciado por negligencia, importamadrismo y corrupción hay un abismo de distancia. El primero es una desgracia imprevisible. El segundo es un desastre que pudo y debió evitarse. Estamos ahora ante un descarrilamiento anunciado, previsible.

Tanto el Tren Maya —a cargo de la Secretaría de la Defensa— como el Interoceánico —a cargo de la Secretaría de Marina— se construyeron sin estudios previos de factibilidad ni proyectos ejecutivos. Como lo recuerda Sergio Sarmiento, los contratos se repartieron de manera discrecional y algunos se asignaron a empresas relacionadas con los hijos del presidente López Obrador, como fue el caso de las firmas de Jorge Amílcar Olán, quien proveyó el balasto para el Tren Maya.

En una grabación exhibida por Latinus, Pedro Salazar Beltrán, primo de los hijos de López Obrador, le dice a Amílcar Olán que “hay que pasarle su mochada” al laboratorio para el análisis del balasto, y “ya cuando se descarrile el tren, ya será otro pedo”. Gonzalo López Beltrán, hijo de López Obrador, colaboró como “honorífico” en el Tren Interoceánico.

La Presidenta prometió una investigación a fondo sobre el descarrilamiento del 28 de diciembre. No puedo dejar de recordar su actitud, como jefa de Gobierno, ante el desplome de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, en el que murieron 26 pasajeros y más de 80 fueron hospitalizados.

La entonces jefa de Gobierno contrató a la empresa noruega DNV, de prestigio mundial, para que realizara el peritaje. Su dictamen sería —anticipó— totalmente profesional y objetivo, inobjetable, inmune a todo cuestionamiento de mala o buena fe. Se tendría un informe incontrovertible, que no dejaría lugar a dudas sobre la objetividad y la honestidad de la evaluación.

DNV concluyó que, además de las deficiencias de diseño, construcción y supervisión de la obra, eran concausas del desplome las fallas en las inspecciones y el mantenimiento, las que llevaron a que la infraestructura siguiera funcionando cuando no estaba apta.

El documento señala que, de haberse atendido esos problemas, se habría evitado el colapso del tramo elevado. El informe fue calificado por la doctora Sheinbaum, que había asegurado que sería irrefutable, de “tendencioso”… y lo rechazó, y reservó —ordenó ocultar— la información técnica. La fiscal Ernestina Godoy se tragó el sapo.

Sería inaceptable, indecente, que esta vez también se nos escamoteara la verdad, que tendría que dilucidarse técnicamente de manera limpia.