Cada vez es más evidente que a México no le urge un nuevo paquete de leyes anticorrupción como el que todo el mundo espera, sino un sistema de coordinación eficiente de ejecución de políticas públicas. Vea el caso del sector aéreo.
Supongo que el secretario de Hacienda, Edgar Amador, y el titular de la SICT, Jesús Esteva, no se sientan a conversar profesionalmente salvo cuando la crisis les explota y, de pilón, siempre ocurre en la mesa de la presidenta Sheinbaum; y una está en camino, pues de nada les sirvió la experiencia de 29 meses que le tomó a México regresar a Cat 1 en Seguridad Aeronáutica, donde el tema presupuestal fue crítico.
En el sector aéreo y turístico hay mucha inquietud por las medidas presentadas en el Paquete del 2026 que afectan directamente la competitividad del transporte aéreo y la conectividad del país, además de que estas medidas se presentan en un entorno complejo para el sector. Mientras la industria aérea mantiene una fuerte presión operativa derivada del incremento de combustible de aviación como resultado del conflicto en Oriente Medio, aumenta la preocupación por la reducción de 74% al presupuesto propuesto para 2026 de la AFAC, y 75% en el presupuesto del Seneam.
Reducir el presupuesto de ambos cobra relevancia por las implicaciones que tendrá sobre el resultado de la auditoria IASA de FAA (degradación a categoría 2), dado que la insuficiencia presupuestaria de AFAC ha sido recurrentemente señalada en las auditorias previas a los organismos responsables de la seguridad aérea. El 15 de agosto concluyeron los inspectores el trabajo y su informe final lo presentan en un lapso de hasta 60 días hábiles. Y lo más infame, ¡suben los costos por servicios de aeronavegación 10%, sin que se refleje en el presupuesto del organismo en favor de quien lo paga!
El segundo tema: un aumento de 35% al Derecho de No Residente (DNR). A la queja de cadenas hoteleras y aerolíneas, que las dejan fuera de competencia, justo cuando se está buscando alcanzar el quinto lugar mundial en flujos turísticos y divisas pagadas.
El otro día escuché al titular de SHCP diciendo que la inversión que se ha realizado en tecnología para procesos migratorios proviene de ese derecho, es sabido que para estos fines existe desde hace tiempo el concepto del Derecho de Servicios Migratorios (DSM), y el DNR que se desvió desde el sexenio pasado, de dirigirlo a promoción turística hoy forma parte del subsidio del Tren Maya, de la aerolínea del Estado y para cubrir el costo de los impresionantes edificios corporativos que aquí y allá, por todo el país, construye Sedena. Y bueno, todo sirve para subsanar el déficit.
¿Y quién se da cuenta? Al menos no en el centro de coordinación estratégica y seguimiento de políticas públicas de la presidenta Claudia Sheinbaum que tiene la Oficina de la Presidencia de la República, donde el jefe es Lázaro Cárdenas Batel, pues si realizarán una comparación con todos los destinos con los que México compite (Dominicana, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Bahamas, Venezuela, Colombia, Chile, Argentina, Guatemala, Trinidad y Tobago, Saint Barth, Costa Rica, Panamá) comprobarían que nuestro país tiene el impuesto al visitante internacional por vía aérea comparable más alto a nivel global. El DNR pasa de 57.5 dólares a 77.5 dólares, más TUA incrementado, más todos los impuestos directos e indirectos que se suman al boleto de un turista y encarecen el costo de visitar el país. ¡Haga la cuenta!
Y mire el extremo. Ahora resulta un cobro indebido del DNR y DSM a pasajeros en tránsito internacional vía aeropuertos mexicanos porque en noviembre de 2023 se derogó la excepción contemplada en la Ley Federal de Derechos que permitió que CDMX y Guadalajara crecieran como hub regional.
El tráfico de tránsito se desplomó y, aunque las aerolíneas han limitado su impacto maximizando las redes de rutas internacionales para aprovechar el flujo de estos pasajeros, aeropuertos como Bogotá, Panamá, Lima y El Salvador se han visto plenamente beneficiados.
El DNR es indebidamente cobrado a estos pasajeros, porque están de paso en un aeropuerto, no varios días. La naturaleza del DNR se explica en la propia Ley Federal de Derechos como un cobro a “visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas” (turistas o viajes de negocios)”.