El crimen organizado en México lleva décadas gestándose como fenómeno, rearticulándose en ciclos que han ido transformando el mapa de actores de la delincuencia, mientras la estrategia de combate intenta, con retraso crónico, adaptarse a esa mutación. Debo anotar que ese proceso histórico, entre otros factores, se sirvió de una economía donde una porción enorme de la población económicamente activa trabaja en la informalidad, quedando fuera del radio de protección y de vigilancia del Estado. Se sirvió también de una gobernanza criminal que fue tejiendo nexos con estructuras políticas formales, financiando campañas, embarrando a funcionarios, construyendo relaciones que hoy resultan difíciles de deslindar del ejercicio ordinario del poder. Y se sirvió, finalmente, de los índices de impunidad que volvieron costoso perseguir a quien de verdad sostiene estas estructuras, mientras la prisión preventiva oficiosa, como otras flaquezas del sistema judicial mexicano, encontró en los eslabones más débiles un blanco disponible.
Hacer un recuento de estos elementos ayuda a explicar la facilidad con la que el crimen organizado se imbricó en la vida social, política y económica del país, y ofrece claves y categorías para leer con mayor precisión el momento actual de la estrategia. Hoy, el objetivo declarado es cortar cabezas, desarticular grupos de poder locales y detener a jefes de plaza. Es un objetivo que goza de consenso relativamente fácil porque la línea entre crimen organizado y sociedad civil todavía puede trazarse sin demasiada ambigüedad.
Ese consenso, sin embargo, tiene fecha de caducidad. Si en verdad se pretende extirpar el fenómeno de raíz y no sólo amputar sus manifestaciones más visibles, en algún momento la estrategia tendrá que rozar la mezcla que permitió que el crimen organizado llegara hasta donde está. Es ahí donde la línea empieza a volverse difusa, porque la definición legal de delincuencia organizada, pensada como un grupo de tres o más personas que se organiza para delinquir de forma permanente o reiterada, tiene una elasticidad que resulta funcional cuando el blanco es un jefe de plaza, pero se vuelve un instrumento peligroso cuando se acerca a los nódulos donde la informalidad obligó a comerciantes y trabajadores a ofrecer, bajo la lógica de plata o plomo, algún servicio a estas estructuras.
Ahí conviene detenerse, porque no se trata de sostener que toda la población informal está de algún modo coludida con el crimen organizado, ni de absolver automáticamente a quien tuvo cualquier contacto con esas redes con el argumento de la coacción. Se trata de reconocer que la informalidad y la amenaza son, precisamente, el mecanismo que empuja a una parte de la población hacia una zona gris que ella misma no necesariamente eligió ocupar. Población que se ve cada vez más presionada, tanto por varios frentes, con mayor violencia, como sencillamente por tratarse de una mayor parte de la población.
Esa zona gris es donde, considero, puede materializarse la asimetría más incómoda de la estrategia. A los personajes grandes, a quienes operan redes de contrabando de armas, de combustible, de drogas, y a los políticos con quienes esas redes construyeron nexos, no se les toca, porque tocarlos amenaza con desestabilizar equilibrios económicos, políticos e incluso diplomáticos. Mientras tanto, en la base de la pirámide, puede llegarse a criminalizar con la facilidad de un trámite administrativo y con el motivo de una hazaña política. Ya sea quien vendió un coche sin preguntar a quién, quien ofreció un servicio bajo amenaza o quien simplemente vivió cerca de la estructura equivocada en el momento equivocado.
Formular hipotéticamente los siguientes pasos de la estrategia de seguridad y de combate al crimen no exige que se revelen los pasos operativos de la GN ni de la SSPC. Planteo, en cambio, la urgencia de preguntarnos, de cara a una estrategia inminente y necesaria contra el crimen organizado, dónde están los bordes, qué se define como colaboración, qué como coacción y en qué momento una persona deja de ser tratada como sospechosa para ser reconocida como víctima simultánea del crimen y de un Estado que, al no poder o no querer tocar la cima, encuentra en la base una manera más barata de simular que combate el problema de raíz.