En octubre de 2025, durante un cateo en la funeraria El Ángel de Iguala, la Fiscalía encontró un fémur humano guardado en un cajón, además de un arma, papeles y un horno crematorio que no figuraba en ningún registro oficial. Había también certificados de defunción y documentos de traslado e inhumación con firmas y sellos oficiales, pero en blanco. Esperando nombre. Esa escena explica mejor que cualquier lámina el informe que el subsecretario Arturo Medina y el fiscal especial Mauricio Pazarán presentaron este lunes, dos días después del duodécimo aniversario de la Noche de Iguala.
Lo nuevo sale de un análisis de 80 mil cruces telefónicos de 2014 y 2015, que arrojó 17 personas que nunca habían aparecido en la investigación. Y un nombre: Rodolfo “N”, dueño de El Ángel y de Funerales Económicos Rueda, con quien hablaron tres miembros de Guerreros Unidos esa madrugada; con uno solo de ellos, ocho veces. Su familia operaba el Semefo de Iguala desde 2010, bajo supervisión del gobierno de Guerrero. La funeraria y la morgue en las mismas manos. Entre marzo y junio, las búsquedas dejaron 23 indicios, con cientos de fragmentos óseos todavía en peritaje, y uno coincide genéticamente con otro hallado en 2021 rumbo a las antenas de Mezcaltepec, en Taxco, a 123 kilómetros. El 17 de junio se giraron siete órdenes de aprehensión, cuatro contra la familia y tres contra funcionarios forenses y del Ayuntamiento.
Luego están los celulares. El de Jorge Antonio Tizapa lo usó un exservidor público de Iguala entre el 23 y el 25 de octubre de 2014; el de Jorge Aníbal Cruz, un policía municipal; el de Israel Caballero, la esposa de un funcionario adscrito a la barandilla aquella noche. Y en agosto de 2025 Rodolfo “N” usaba el teléfono de Julio César Mondragón, el muchacho al que desollaron. 11 años después. Hay que sentirse muy a salvo para cargar en el bolsillo el teléfono de un muerto.
Conviene recordar de dónde venimos. En 2015 Murillo Karam presentó la “verdad histórica”: incineración en el basurero de Cocula, cenizas al río San Juan. El GIEI la desmontó y documentó torturas. En 2022 la Comisión de la Verdad habló de crimen de Estado, Murillo fue detenido y se procesó a militares. En 2023 los expertos se fueron acusando que el Ejército no entregaba lo que tenía. Hoy la fiscalía suma 162 expedientes y 168 procesados, 130 en prisión; desde octubre de 2024 detuvo a 30 personas, entre ellas un exgobernador y una expresidenta del Tribunal Superior de Justicia estatal. Del exgobernador Aguirre escribí aquí en agosto. Tomás Zerón sigue en Israel. De los 43, sólo tres han sido identificados.
Los padres marcharon el sábado. Ya son ocho madres y padres muertos sin respuesta; el último, Francisco Rodríguez, papá de Everardo, falleció el 21 de agosto. Isidoro Vicario, su abogado, reconoció los avances y en la misma frase recordó que siguen sin saber dónde están los 43. Exigen lo de siempre: los 853 folios de inteligencia militar que un juez ordenó a la Defensa entregar en febrero, el regreso de los expertos y que no se cierre la línea del Ejército, al que la CNDH dejó fuera en su recomendación de julio.
Ahí se abren los caminos. El deseable empieza en un laboratorio: que los fragmentos de El Ángel den perfiles genéticos útiles y alguna familia reciba un nombre en lugar de una hipótesis. Sigue con que alguno de esos 17 hable, porque quien contestó el teléfono esa noche sabe a quién le contestó. Y sólo se completa si la ruta de las funerarias se cruza con los folios. El horno puede explicar cómo desaparecieron. Quién dio la orden está en otro archivo. Con Zerón extraditado y expertos de vuelta con acceso a los cuarteles, tendríamos algo parecido a justicia, tarde pero justicia. El indeseable es más fácil de imaginar porque ya lo vivimos. Una familia de empresarios funerarios de provincia es el culpable perfecto: explica los restos, no incomoda a ningún mando y cabe en una conferencia. Añada fragmentos tan calcinados que nunca rindan ADN, procesos que se caen por fallas de debido proceso (este caso ya liberó a decenas por tortura) y el reloj biológico de los padres, que corre más rápido que cualquier carpeta.
En 2014 escribí que aquello olía a heroína y a colusión en todos los niveles. Doce años después la pista lleva a un horno sin registro y a certificados firmados en blanco. Ese detalle no me suelta. Un cártel puede quemar cuerpos, pero un certificado en blanco necesita a un funcionario con sello. La burocracia deja rastro. Los folios del Ejército, también.