Incentivar la capacidad de los inversionistas institucionales de colocar una mayor parte del capital que administran pasa por revisitar la cantidad de vehículos especializados que ofrece el mercado bursátil mexicano.
La cuantía de recursos permitiría suponer que existe capacidad de inversión, pero o faltan vehículos o hay que revistar legal y regulatoriamente los existentes para que existan plataformas con capital privado que coinviertan con los inversionistas institucionales, lo mismo en pequeñas empresas que en grandes proyectos de infraestructura públicos.
Y a estos últimos les falta, como a las empresas públicas del Estado, transitar a un régimen de gobierno y direccion profesional (como Petrobras o Aramco), para que los mercados tengan confianza de invertir capital y deuda en el largo plazo.
De acuerdo con cifras del Banco de México, las 132 emisoras listadas tienen un valor de mercado conjunto equivalente a 11 billones de pesos, lo que refleja un problema estructural: alta concentración en todo, hasta en la recaudación, porque 0.2% de las empresas aportan 52% del total recaudado.
En México hay instrumentos especializados: 11 fibras, un fideicomiso hipotecario, 10 fibras E, 78 CKD, 36 Cerpis (estos dos últimos vehículos fueron diseñados para fondear o proveer de capital privado a largo plazo a proyectos de inversión) y 10 CBF o notas estructuradas.
El valor de mercado de las emisiones accionarias supera los 11 billones de pesos, más que los 9 billones de pesos administrados por las afores, que representan 25% del PIB. Los inversionistas institucionales, además de las afores, son fondos de inversión que administran cerca de 5 billones de pesos, compañías de seguros y fianzas con 2.6 billones de pesos y bancos comerciales que administran en promedio 9 billones de pesos en captación directa, más 1.4 billones invertidos en deuda gubernamental.
En México, el principal emisor que aprovecha el ahorro privado del sistema es el gobierno, con 54% del total, lo que le ha permitido reducir a menos de 15% la necesidad de refinanciamiento en mercados externos, pero es, por decirlo, el factor más importante para explicar la falta de movilización del ahorro al mercado privado. El otro factor tiene que ver con la falta de estímulos formales para ir a los mercados, comenzando por la necesidad de revelar información de sus operaciones y participantes accionarios.
En el Mexico Investment Week de la semana pasada, organizado por BIVA, que liderea María Ariza, y Amexcap, que dirige Véronique Billia, Raúl Martínez Ostos, CEO de Barcklays, comentaba que en los últimos 25 años el mercado se ha sofisticado por la coexistencia de inversionistas institucionales locales e internacionales y su participación en proyectos de infraestructura, en los IPO como el de Aeromexico y el follow on de Vesta, listados exitosos en México y Estados Unidos, lo mismo de acciones que de deuda, y la clave del éxito es la utilización de “cajones alternativos” de deuda para fortalecer la inversión en nuevos asset classes, porque muchos institucionales externos, como Apollo Asset Management, CDPQ, Schroders, BlackRock, Amundi, Alom, por citar algunos, están “viendo a México con un nuevo lente, y algunos incluso han coinvertido con afores a través de una plataforam de capital privado.
En este sentido, María Ariza coincide en que la regulación ha evolucionado y se preparan los vehículos para emisiones simplificadas, pero aún falta que las afores pudieran ser más activas para invertir en el tipo de asset classes como lo hacen los internacionales.
Una propuesta novedosa fue la de Heleodoro Ruiz, director de Mercados de Renta Fija de Afirme Investment Bank, porque considera que pudiera empaquetarse en un vehículo de inversión el portafolio de empresas pyme con historiales de pago puntual y antigüedad de al menos 10 años, en una plataforma en la que el emisor mantenga la administración de crédito y cobranza de las carteras y los institucionales pudieran invertir en ellos.
Si a eso se suman las primeras pérdidas de Nafin, la calidad del activo sería más que invertible en los términos de la regulación de afores existente y, a la vez, permitiría a los bancos intermedios colocar los créditos en el mercado, liberar capital y reducir la tasa a pymes.