Con 22 expedientes abiertos en la Cámara de Diputados y cuatro en la Cámara de Senadores en la actual Legislatura del Congreso, las iniciativas para buscar reformar la ley que rige a las Sociedades de Información Crediticia (SIC), son el más numeroso grupo de propuestas que han entrado a las comisiones de Hacienda de ambas cámaras. De los 26 expedientes, 14 son de legisladores de Morena, algunas y algunos buscando reelección, y el resto es pluripartidista (PAN, PT, PRI y Verde. Una de MC).
¿Qué proponen? En su mayoría la reducción del tiempo que pasa un acreditado en el registro negativo de los burós, una vez que ha liquidado el crédito. La ley vigente establece que sean siete años, pero la temporalidad se reduce en función del monto adeudado y el tiempo transcurrido desde la liquidación del adeudo.
Las propuestas van desde pedir la exclusión de saldos menores a 500 Udis hasta los adeudos menores a 10 mil pesos, salvo que se demuestre intención de fraude; mecanismos diferenciados para reportar los adeudos en el sector rural, límite de 12 a 36 meses para eliminar registros de los créditos liquidados y nuevos criterios para créditos menores a 80 mil pesos.
Un punto tienen en común. Los creadores de las iniciativas suponen que los bancos y las instituciones financieras reguladas son los responsables de la mayoría de los reportes negativos y, en parte sí, cuando se trata de adeudos que alcanzaron un acuerdo de refinanciamiento, pero en realidad, el grueso de la información proviene de fuentes de crédito comerciales, que incluyen los giros más variados: SAT, CFE, Infonavit, departamentales, telefónicas, empresas de cable y de servicios de internet, arrendadoras no reguladas, sofomes que dan crédito, fintechs no reguladas.
Éstas mandan y alimentan la cobranza agresiva, pero son las entidades con menores protocolos establecidos y supervisados por la Profeco, para eliminar los registros negativos del buró, y muchas veces son las que incorporan con menos de un mes de retraso en pagos.
Por lo pronto le comento: ¡ninguna jala! No hay intención ni interés presidencial.
DE FONDOS A FONDO
#Canacar… El desgaste acumulado durante años en las mesas de negociación entre representantes gubernamentales y empresariales hizo crisis hace un par de semanas, cuando la Canacar, presidida por Augusto Ramos Melo, decidió realizar un paro de labores de un día y abrir un canal de diálogo directo con las distintas entidades del gobierno, ante el estrangulamiento económico que enfrenta el sector. La decisión contó con el respaldo de expresidentes y vicepresidentes nacionales y regionales, con un par de excepciones.
Las ocho peticiones del organismo van más allá de resolver la deducción del peaje en autopistas de cuota para efectos del ISR, tema que requiere una revisión de fondo por parte de las autoridades hacendarias. El objetivo es garantizar condiciones para un transporte de carga formal, seguro y capaz de acompañar el crecimiento de las industrias y empresas a las que sirve.
Canacar mantiene su participación en la Concamin, considera necesario impulsar una agenda específica para el transporte, independiente de los intereses de sus clientes.
Por otra parte, Octavio de la Torre se acercó para respaldar la agenda de Canacar, encuentro que generó comentarios. Sin embargo, la relación se mantiene en términos de respeto y el acercamiento fue para apoyar el Buen Fin, sin que implique su reincorporación al organismo ni la reactivación de la cuota empresarial suspendida hace dos años.
#SempraInfraestructura… KKR se convirtió en el accionista mayoritario de Sempra Infraestructura al incrementar su participación a 65 por ciento.
La operación va más allá del cambio accionario. El respaldo de uno de los fondos globales más activos en infraestructura amplía la capacidad financiera de la empresa que lidera Abraham Zamora en México para reciclar capital y evaluar nuevos negocios.
El movimiento sigue una tendencia de inversión de fondos globales en energía, atraídos por activos de larga vida, flujos predecibles y el potencial de rentabilidad de la infraestructura energética mexicana.
Hay otros dos ejemplos este año. Actis lanzó Yeltica Energy para desarrollar renovables en México y GIP, de BlackRock, acordó mantener 30% de Saavi tras combinar activos con Grupo México. Ahora habrá que estar pendientes de qué proyectos surgen para nuestro país en esta nueva etapa de la compañía.