Aunque se había conversado un poco con representantes empresariales sin que tuvieran detalles claros, el domingo 30 de agosto la presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Comisión Permanente una iniciativa para reformar la Ley de Inversión Extranjera (LIE).
Ésta fue turnada al Senado y, aunque no tiene etiqueta de “preferencial”, ese mismo día, durante la Quinta Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, la consejera jurídica del Ejecutivo federal, Luisa María Alcalde, incluyó la iniciativa entre las prioridades legislativas de la Presidenta para el próximo periodo ordinario.
La reforma es sensible porque la inversión en sectores estratégicos está en la mesa de negociación México-Estados Unidos, pero, tras conocerla, la reacción fue unánime: tiene cosas positivas, pero necesita definiciones precisas de conceptos, sectores, montos y multas, porque, aunque se piensa que buscó homologar el marco legal y regulatorio del Committee on Foreign Investment in the United States (el famoso CIFIUS), si no es bien definido e implementado el concepto de “protección a la seguridad nacional”, acabará siendo una piedrota en el camino para mantener abierto el clima de negocios para la inversión extranjera en México.
Lo positivo de la iniciativa presidencial, a reserva de un análisis pormenorizado, es incorporar una norma (con la adición de todo un capítulo en la LIE) que aclara cuándo una inversión puede o no representar un “riesgo o amenaza” para la seguridad nacional. Pero le digo, si no incluye definiciones claras, no será bien implementada y se convertirá en un problema para los sectores que enuncia, como energía (cuál, en qué monto, dónde), transporte (de qué tipo), infraestructura estratégica (cuál es ésta, autopistas, cesiones portuarias, aeropuertos, aviación), datos, biotecnología, sector bancario, nanotecnología, ciberseguridad.
Aunque la legislación vigente ya establece en su artículo 30 (se está derogando para incluir el Titulo Sexto Bis) que “por razones de seguridad nacional” la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) puede impedir adquisiciones realizadas por inversión extranjera, se trata de una facultad general, sin un procedimiento detallado para determinar cuándo existe ese riesgo. Y, pues, con eso de las cadenas productivas de Norteamérica, se considera necesaria una reforma que sustituya esa disposición por un mecanismo formal de autorización previa, investigación, valoración de riesgos y adopción de medidas de mitigación o, en última instancia, prohibición de la adquisición. El otro componente que preocupa es que la CNIE dejaría de estar integrada por dependencias que valoran sólo el aspecto económico, porque se propone incorporar con voto a la Sedena, la Marina, la SSPC, y con voz sin voto a la FGR, la UIF, el SAT y el CNI, cuya toma de decisiones podría incluir un sesgo político.
Hoy, la inversión para adquisición o entrada en un sector determinado se evalúa a partir de las características económicas de la inversión, el origen del capital, identidad y estructura del adquirente, vínculos empresariales o gubernamentales, países en los que opera, naturaleza de los activos adquiridos y eventual exposición de infraestructura, tecnología, información o recursos estratégicos, pero, al hacerlo con la mirilla de Fuerzas Armadas y con la posibilidad de que se fijen condiciones (que pueden ser ocurrencias difíciles de cumplir como las que impuso China en materia de transferencia tecnológica o cesión de derechos patentados) bajo una definición ambigua del concepto seguridad nacional: ¡ahí es donde la marrana vuelve a torcer el rabo!
DE FONDOS A FONDO
#MercadoCO2… El Mexico Carbon Forum 2026 y la Agenda Climática regresan a discutir el futuro del mercado de carbono en nuestro país, y quien llevará el mensaje de que la transición climática también requiere profundidad financiera será Jorge Alegría, director general de Grupo Bolsa Mexicana de Valores, durante el Mexico Carbon Forum 2026, que organiza MÉXICO2, plataforma de mercados ambientales. El encuentro, considerado el evento regional más relevante en mercados de carbono y financiamiento climático, se celebrará los días 2 y 3 de septiembre en Aguascalientes, con una convocatoria que reúne a autoridades, organismos internacionales, instituciones financieras, inversionistas y algunas de las principales emisoras del país.