MÁS DESAPARECIDOS
Don Alfred, ¿qué está sucediendo con la gente que los de ICE capturan y literalmente desaparecen?
R. Le comparto que, como usted dice, cuando ICE detiene a una persona, el rastro documental suele desvanecerse. Las familias de los detenidos llaman a las líneas oficiales de atención del Departamento de Seguridad Nacional, DHS, que nadie contesta. Los abogados presentan solicitudes de información que tardan meses. Y, cada vez más, la propia agencia ha dejado de publicar los datos que está obligada por ley a difundir; ICE no ha emitido su informe quincenal de detenciones, mandato del Congreso, desde abril de 2026, justo cuando el número de personas bajo custodia alcanzó niveles históricos.
En ese vacío ha entrado un archivista inesperado: el consulado.
La magnitud del problema nos presenta que sólo en enero de este año, ICE ingresó a casi 39,700 personas a centros de detención; para junio, la cifra mensual ya superaba las 43 mil. Las poblaciones detenidas han rebasado el pico de 2019 todos los días desde mediados de 2025, distribuidas en más de 450 instalaciones en todo el país, aunque el propio sitio de ICE reconoce usar apenas la mitad, dejando al resto prácticamente invisibles para cualquier supervisión externa.
La población dentro de estos centros es abrumadoramente masculina: históricamente entre 85% y 94% de los detenidos, según el año. Ese dato define a quién buscan los consulados y, también, quién queda afuera tratando de sostener a la familia. Pero incluso una estadística tan básica revela el problema mayor: los comunicados oficiales de ICE se han concentrado en totales y antecedentes penales, dejando de lado datos demográficos consistentes. Hoy, algo tan elemental como “quién está detenido” requiere reconstrucción externa, no información oficial.
Para los mexicanos, el costo humano ha sido severo. Diecisiete connacionales han muerto durante acciones de control migratorio desde el inicio de esta administración; 14 de ellos fallecieron bajo custodia de ICE. Cada muerte obliga a algún consulado a repetir la misma rutina dolorosa: confirmar identidad, avisar a la familia y tratar de reconstruir lo ocurrido dentro de un sistema diseñado para ocultarse. Como la población detenida es mayoritariamente masculina, el golpe recae sobre esposos, padres e hijos, dejando a esposas, niños y adultos mayores sin sustento y, en muchos casos, sin respuestas.
Por qué el Consulado, y por qué es tan difícil. El personal consular no sólo llena formularios. Cuando José Guadalupe Ramos-Solano murió en el centro de detención de Adelanto, en las afueras de Los Ángeles, fueron funcionarios consulares quienes acompañaron a sus hijos en la búsqueda de respuestas, y autoridades mexicanas quienes exigieron rendición de cuentas. En otro caso, en Georgia, tras una redada de ICE que detuvo a cientos de trabajadores en una planta de Hyundai, el consulado realizó entrevistas individuales, verificó el estado físico de los detenidos y las condiciones del centro, y mantuvo comunicación con las familias. En la práctica, hicieron trabajo de gestión de casos que ninguna otra autoridad estaba realizando. Multiplique eso por miles de expedientes y la escala del reto se vuelve evidente:
• Datos dispersos. Con los reportes de ICE congelados y los investigadores externos dependiendo de solicitudes FOIA para reconstruir lo básico, el consulado suele empezar con solo un nombre y un rumor de ubicación.
• Una red fragmentada. Los detenidos se mueven constantemente entre un sistema que ha usado casi 1,500 instalaciones desde 2008, muchas de ellas centros contratados que pueden abrir o cerrar sin aviso.
• Familias en crisis. Muchos familiares son indocumentados, temen acercarse a cualquier autoridad o están rebasados emocionalmente; el consulado debe construir confianza antes de construir un expediente.
• Un blanco móvil. Las políticas, el personal y el uso de instalaciones cambian semana a semana; cualquier archivo corre el riesgo de quedar obsoleto antes de completarse.
Por qué el archivo importa de todos modos. A pesar, o precisamente por, estos obstáculos, el esfuerzo de documentación encabezado por el cónsul general Carlos González en Los Ángeles es crucial por tres razones:
1. Legal. México ya ha comenzado a enviar cartas de cease and desist a centros donde han muerto ciudadanos, como paso previo a litigios civiles. Nada de eso es posible sin un registro documentado.
2. Humanitaria. Familias como los Ramos-Solano merecen, en palabras de la hija, “la verdad de lo que le pasó a su padre”.
3. Histórica. Si ICE no preserva el registro, alguien debe hacerlo: para exigir cuentas hoy y para evitar que este periodo desaparezca de la memoria pública igual que tantos detenidos han desaparecido del radar institucional.