La madrugada del primer sábado de enero, los noticieros del mundo entero abrieron con la misma noticia. Después de bombardeos sobre territorio venezolano y en medio de una incursión militar tan precisa como jurídicamente cuestionable, Nicolás Maduro había sido capturado por fuerzas de Estados Unidos y trasladado a Nueva York para enfrentar acusaciones relacionadas con narcotráfico.
El impacto fue inmediato. La relación entre Washington y Caracas llevaba meses deteriorándose, con amenazas crecientes, ataques contra embarcaciones bajo el argumento de combatir el narcotráfico y una escalada verbal que hacía prever un desenlace complejo. Aun así, pocos podían imaginar una intervención de semejante magnitud.
Ocho meses después, el resultado está lejos de parecerse a la transición democrática que muchos celebraban aquella madrugada. Maduro permanece detenido en Nueva York, Delcy Rodríguez encabeza Venezuela con el reconocimiento práctico de Washington y Donald Trump ha llegado incluso a elogiar públicamente su desempeño. Mientras tanto, no existe una ruta clara hacia nuevas elecciones.
Luego apareció el petróleo.
Esta semana, la Casa Blanca presumió un acuerdo que otorga acceso privilegiado a Estados Unidos sobre una parte sustancial de la producción petrolera venezolana durante décadas. El propio gobierno estadunidense lo presentó como una pieza central de su estrategia de “dominio energético”.
Durante años, quienes advertían que detrás de la presión contra Venezuela existía un interés estratégico por sus enormes reservas energéticas fueron tratados como trasnochados o defensores del chavismo.
Hoy ya no hace falta especular demasiado. Es Washington quien presume abiertamente los beneficios obtenidos.
La ironía es todavía mayor para la oposición venezolana que apostó por abrir de par en par la puerta a una intervención extranjera.
María Corina Machado y quienes encabezaron la lucha electoral contra el chavismo terminaron desplazados del centro de las decisiones. El poder sigue en manos del mismo movimiento político, ahora encabezado por Delcy Rodríguez, mientras Estados Unidos negocia directamente con ella.
Visto con la perspectiva que dan los meses, la prudencia mexicana adquiere otro significado. Después de las elecciones de 2024, México optó por no convertirse en árbitro de la política venezolana y sostuvo una posición basada en la no intervención y la autodeterminación.
Brasil y Colombia se involucraron más activamente en la búsqueda de una salida. Sus intenciones pudieron ser genuinas, pero el desenlace confirma algo que la historia debería habernos enseñado hace mucho. Cuando una potencia extranjera entra a decidir el futuro de otro país, nunca lo hace pensando en los intereses de la mayoría. La democracia, los derechos humanos, los presos políticos y las elecciones terminaron siendo argumentos secundarios frente al interés puro y pragmático que siempre estuvo ahí: el petróleo.
Quienes celebraron la captura de Maduro creyendo que asistían al principio de una transición terminaron presenciando otra cosa. El chavismo sigue en el poder, la oposición que pidió ayuda externa quedó relegada y Estados Unidos aseguró acceso privilegiado a una de las mayores reservas petroleras del planeta.
A veces la realidad tarda años en despejar las dudas. Esta vez bastaron ocho meses.