Huachicol fiscal. Un par de palabras que en los últimos meses se han repetido hasta la saciedad en titulares informativos, columnas de opinión y en todo tipo de trascendidos. Que si el delito surgió durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que si explotó a partir de la toma de control de puertos y aduanas por parte de las Fuerzas Armadas y, por supuesto, los más atrevidos o radicalizados han acusado directamente a los gobiernos de la Cuarta Transformación de ser beneficiarios directos de esta red criminal.
Lamentablemente, como suele suceder cuando los únicos objetivos consisten en la obtención de raja política o la mera generación de polémica, se han dicho desde imprecisiones hasta abiertas falsedades. Sin embargo, acontecimientos que se han dado a conocer en las últimas horas hacen previsible que la estrategia mediática de la oposición al gobierno en torno al asunto del huachicol sea la de voltear hacia otro lado y simular demencia, pues uno de los suyos, y vaya que no cualquiera, parece estar metido hasta el fondo de esta trama criminal.
Explicaré brevemente el origen y significado de este “nuevo” delito para después abordar las últimas noticias a las que me refiero y que dejan muy mal parados a los conservadores.
A diferencia del tradicional, que consiste en sustraer gasolina o diésel mediante tomas clandestinas a los ductos de Pemex, el llamado huachicol fiscal no implica extraer hidrocarburos de esa forma. Se trata de un esquema de fraude en el que estos productos se importan o comercializan mediante declaraciones falsas o clasificaciones aduaneras simuladas, haciéndolos pasar por mercancías que pagan menos impuestos o incluso están exentas de ellos.
Este esquema tiene un origen directo en el sexenio de Enrique Peña Nieto. No hay mucho de dónde buscarle en ese sentido. Su reforma energética abrió el sector a la participación de empresas privadas y, desde 2016, autorizó la importación de gasolinas y diésel por particulares. Con ello aumentó de manera considerable el volumen de operaciones en las aduanas y aparecieron incentivos para introducir estos productos mediante declaraciones fraudulentas. Los beneficios prometidos por aquella reforma jamás se materializaron. En cambio, uno de los legados que dejó fue la proliferación del huachicol, tanto en su modalidad tradicional como en la fiscal.
Durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el combate al robo de combustibles se convirtió en una prioridad y logró reducir de manera significativa las tomas clandestinas. Sin embargo, lejos de desaparecer, parte de esas redes criminales encontró en la vía fiscal una alternativa para mantener el negocio mediante fraude aduanero y evasión fiscal.
Fue hasta el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum cuando el Estado mexicano asestó el primer gran golpe contra esta modalidad. El aseguramiento, en marzo de 2025, del buque Challenge Procyon, que ingresó al puerto de Tampico con un cargamento de diésel declarado falsamente como aditivos para aceites lubricantes, permitió destapar una compleja red de contrabando y evasión fiscal. A partir de esa investigación se identificó a empresas, operadores y presuntos responsables vinculados al esquema, entre ellos el exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, hoy sujeto a proceso por su presunta participación en esa estructura.
Si la Presidenta y su Gabinete de Seguridad mantienen esta ruta, caiga quien caiga y sin importar colores partidistas, el país seguirá dando un paso trascendental en el combate a una de las redes de corrupción más sofisticadas de los últimos años. Entonces veremos si la oposición sostiene con la misma firmeza sus denuncias cuando uno de los suyos sea llamado a rendir cuentas. Ruffo no es un panista cualquiera. Fue el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México y uno de los grandes referentes de ese instituto político. ¿Se les caerá un ídolo o, como tantas otras veces, simplemente mirarán hacia otro lado?