El pasado domingo, miles de personas salieron a las calles de Guadalajara para exigir agua limpia en sus hogares. Frente a Casa Jalisco encontraron gases lacrimógenos, chorros de agua, violencia policial desmedida y un saldo de 39 personas arrestadas. Dos días después, Pablo Lemus reconoció que hubo uso excesivo de la fuerza y detenciones injustas. La respuesta a quienes reclamaban un derecho humano exhibió la distancia entre el discurso de MC y su manera de ejercer el poder en los pocos lugares donde gobierna.
Dicha inconformidad social tiene causas tan concretas como urgentes. En cientos de colonias de la zona metropolitana, las familias reciben agua turbia, con sedimentos y mal olor. El problema arrastra años y combina fuentes contaminadas con instalaciones obsoletas, falta de mantenimiento e intentos de privatización. Durante el gobierno de Enrique Alfaro, el primero de MC en Jalisco, no se hizo nada por resolverlo. Hoy, la crisis alcanza a la administración de su sucesor y delfín. Quienes tomaron las calles exigen algo elemental: abrir la llave sin tener que preguntarse si el agua pone en riesgo su salud o la de sus seres queridos.
En la Ciudad de México, el partido naranja se presenta como una alternativa progresista, feminista y cercana a la ciudadanía. Sus candidatos y representantes populares reivindican el derecho a decidir, la participación ciudadana y el respeto a las libertades. Pero esa exigencia pierde fuerza cuando se trata de revisar lo que ocurre bajo sus propias siglas. Frente a los abusos o las agendas regresivas de sus gobiernos, aparecen los matices, las justificaciones y la defensa. Si lo ocurrido en Jalisco hubiera tenido lugar en la capital del país, seguramente estarían pidiendo la renuncia de la jefa de Gobierno.
Bajo las administraciones de MC, la represión cuenta con lamentables antecedentes. En 2020, con Alfaro, Giovanni López murió tras ser golpeado por policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, quienes lo detuvieron por no usar cubrebocas. Las personas que salieron a exigir justicia también sufrieron agresiones y detenciones arbitrarias, documentadas por la CNDH en su recomendación 82/2021. Años después vuelven las promesas de investigar los abusos, mientras su repetición hace cada vez menos creíble que se trate de excesos aislados.
También cuesta conciliar su discurso feminista con las posiciones de sus principales referentes. En 2022, Samuel García pidió al Congreso de Nuevo León reincorporar la protección de la vida desde la concepción que la Suprema Corte había invalidado por limitar la autonomía reproductiva de las mujeres. No está de más recordar que también enfrenta denuncias por el manejo irregular de recursos públicos. En mayo de este año, Morena denunció ante la FGR una presunta triangulación de dinero del gobierno estatal hacia un despacho vinculado con su familia, así como su presunto uso para financiar la promoción de Mariana Rodríguez.
Atender las distintas protestas que surgen en una metrópoli exige preparar a la policía para dialogar, reducir tensiones y proteger a quienes se manifiestan. Durante el gobierno de Claudia Sheinbaum se impulsó en la capital un acuerdo, con participación de organismos de derechos humanos, que estableció obligaciones concretas: capacitar a los agentes, mantener visible su identificación, proteger a periodistas y documentar cada uso de la fuerza. Con Clara Brugada se han mantenido los equipos de mediación y el acompañamiento a las movilizaciones. Se trata de herramientas para evitar abusos y sancionar a los responsables, cuando sea el caso. Ese trabajo también debería ser una prioridad para quienes gobiernan Jalisco.
Antes de ofrecerse como alternativa nacional o, siquiera, para la CDMX, Movimiento Ciudadano debería responder por lo que ocurre donde ya gobierna. Las familias que reciben agua sucia y las personas golpeadas por exigir justicia merecen mucho más que promesas o discursos simulados. A ellas les toca vivir las consecuencias de sus malas administraciones, mientras aquí sus representantes tratan de vender una imagen de avanzada. Esa es la hipocresía naranja, la vieja doctrina de los conservadores que señalaba Monsiváis.