Hay algo bastante revelador en la manera en que se está discutiendo la seguridad en México. Mientras una parte del conservadurismo dedica horas de radio, televisión y columnas enteras a especular sobre visas, rumores y supuestas señales diplomáticas, el gobierno federal acaba de presentar un balance mucho más concreto sobre su combate a la delincuencia organizada.
Omar García Harfuch informó esta semana que la Operación Enjambre, iniciada en noviembre de 2024 en el Estado de México y posteriormente extendida a otras entidades, suma ya 111 servidores públicos detenidos por presuntos vínculos con actividades delictivas.
La cifra importa, pero aún más lo que representa. Enjambre busca atacar las redes de protección institucional que permiten a las organizaciones criminales operar desde gobiernos municipales, corporaciones policiacas y otras estructuras públicas, por lo que entre quienes han sido detenidos aparecen presidentes municipales, mandos de seguridad y servidores públicos de distintos niveles.
Hay otro dato que vuelve especialmente relevante el balance. Entre los 14 presidentes y expresidentes municipales procesados hasta ahora hay seis provenientes de la alianza PRI-PAN-PRD, cuatro del bloque Morena-PT-PVEM, tres de Movimiento Ciudadano y uno de un partido local. Esta misma semana cayeron en Puebla un alcalde morenista y otro vinculado a la “política naranja”. La instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, expresada a través de Harfuch, ha sido actuar sin importar el cargo ni la afiliación política.
Guiándonos por la lógica, esto tendría que pesar bastante más en la conversación pública que cualquier chisme consular. La situación de una visa, como hemos señalado en este espacio, puede alimentar especulaciones y titulares durante días, pero por sí misma no acredita ningún delito. Una orden judicial, una detención o una sentencia pertenecen a otro terreno, el de las investigaciones que generan consecuencias jurídicas reales.
Que 111 servidores públicos hayan terminado detenidos tampoco debería presentarse como motivo de celebración en seco. La cifra exhibe, al mismo tiempo, la profundidad con la que el crimen consiguió penetrar algunas instituciones. La diferencia fundamental está en lo que hace el Estado cuando encuentra esa corrupción.
Ninguna fuerza política puede garantizar que jamás tendrá entre sus filas a un alcalde, policía o servidor público dispuesto a cruzar la línea. Lo que sí puede demostrar es qué hace cuando eso ocurre. Hasta ahora, Enjambre deja un balance difícil de ignorar. Mientras unos prefieren ensuciar la conversación pública entre rumores y falsas filtraciones, el gobierno de México está poniendo frente a los jueces a quienes las investigaciones señalan, incluso cuando pertenecen al propio movimiento gobernante. Para hablar de combate al crimen organizado, entre la especulación y 111 detenciones, parece bastante claro cuál de los dos terrenos merece una discusión seria.
Una nota al margen, aunque no menor. Este viernes se informó desde Chiapas que el promedio diario de homicidios dolosos cayó 64% entre diciembre de 2024 y agosto de 2026, mientras los delitos de alto impacto disminuyeron 43 por ciento. Hace apenas un par de años, las noticias provenientes de esa entidad hablaban constantemente de masacres, desplazamientos y comunidades atrapadas entre grupos criminales. Falta mucho por resolver, pero el cambio permite dimensionar los avances que comienzan a observarse cuando la estrategia federal encuentra coordinación y compromiso en gobiernos estatales, como ocurre con la administración de Eduardo Ramírez.