El mensajero y el mensaje

Nadie puede rebatirlo: “…las cifras calculadas son, simplemente, impactantes: 151 mil 233 personas asesinadas entre diciembre de 2006 y agosto de 2015, incluyendo migrantes en tránsito. Desde 2007 hay, al menos, 26 mil personas cuyo paradero se desconoce, muchas posiblemente como resultado de desapariciones forzadas”. Es un fragmento del informe presentado por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. En parte, sin duda, esta realidad refleja a un país marcado por la debilidad endémica de la legalidad y las deformaciones de las instituciones encargadas de la seguridad y la procuración e impartición de justicia. En parte, también, es consecuencia de una democracia que no ha sido capaz de asumir, enfrentar y resolver la exigencia fundamental de un ordenamiento constitucional democrático: la eficacia de la ley y la garantía de los derechos de todas las personas. Pero lo cierto es que las impactantes cifras de estos nueve años no pueden explicarse sin colocar en el centro de la discusión su principal causa: el mercado internacional de las drogas y el narcotráfico en México.

La realidad de las cifras es apabullante y desoladora. Pero es indispensable contextualizarla con seriedad y distinguir sus distintos frentes. Están, desde luego, los factores endémicos; las desviaciones históricas asociadas a la dualidad entre el México sin ley y el México de leyes. En uno vive una mayoría expuesta a la vulneración sistemática e impune de sus derechos; en otro se desarrollan cientos de miles de actos y relaciones jurídicas entre particulares, con un buen grado de normalidad legal. Los dos países son reales.

Esta dualidad es producto de la condición de precariedad y exclusión de quienes no tienen ni conocimientos, ni dinero, ni asistencia profesional para hacer valer y defender sus derechos; para esta mayoría la legalidad es una abstracción ajena a su vida cotidiana. La dualidad también es producto de la subordinación de la ley al poder político, lo mismo cuando se encubren actos de corrupción que cuando se usan programas sociales con fines electorales o se toleran actos ilegales de grandes corporaciones empresariales o sindicales. Cambiar esto de raíz es la gran asignatura pendiente de la construcción democrática.

Sin embargo, la realidad descrita por el Alto Comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein, no alcanzaría tales extremos si no fuera por el narcotráfico y los devastadores efectos de la guerra contra los cárteles de las drogas; y si bien en su informe hizo referencia expresa a este factor, no subrayó su peso decisivo ni contextualizó debidamente las cifras de asesinatos y desapariciones en el marco de este fenómeno: “Para un país que no se encuentra en medio de un conflicto, las cifras calculadas son, simplemente, impactantes…” Se infiere que al hablar de conflicto quiso referirse a una guerra. Pero decir que México no se encuentra en medio de un conflicto —una verdadera guerra entre organizaciones criminales, comunidades, policías y militares— es una barbaridad.

“En lugar de matar al mensajero, enfoquémonos en el mensaje”, respondió a sus críticos. Bienvenido el mensajero. Sus aportaciones a favor del fortalecimiento de las normas, instituciones y políticas en materia de derechos humanos son de gran valor. Pero su mensaje, lleno de aciertos, incurrió en un sesgo inadmisible: no asumir la dimensión el desafío del narcotráfico y su incidencia determinante en las cifras de asesinatos y desapariciones, ni proponer ningún cambio de visión y estrategia globales frente a los grandes intereses que, empezando por el mercado de las drogas y la industria armamentística de Estados Unidos, han animado la espiral de violencia y confrontación impuestas en México desde 2006, con el aval, ni más ni menos, de la ONU.