El ejemplo del PAN

Los partidos políticos deberían ser los primeros interesados en prevenir y combatir la corrupción de los gobernantes y legisladores salidos de sus filas. No hacerlo implica solapar sus desviaciones, tan costosas para el desarrollo del país y la legitimidad de las instituciones democráticas, lo que, por lo visto, no ha sido razón suficiente para actuar; pero también implica, cada vez más, una sanción ciudadana en las urnas, algo que, eso sí, no hay duda, despierta su interés.

Todos tienen normas, órganos y procesos de honor y justicia o bien tienen códigos de ética, con la finalidad de regular y sancionar la actuación de sus militantes. Pero están de adorno. Cuando surgen indicios, evidencias claras o, ya tarde, estallan escándalos de corrupción, optan por defender a sus corruptos, sea por intereses creados y compromisos mutuos de protección, sea por el torpe y contraproducente afán de no dañar la imagen del partido. Así, en lugar de asumir una responsabilidad elemental, suelen atribuir el problema a la propaganda de sus adversarios y, cuando ya no hay forma de tapar la realidad, cuando las arcas ya están vacías y los agujeros en las finanzas públicas ya son irreparables, si acaso ofrecen una tímida disculpa, guardan un silencio sepulcral o, como si se tratara de un asunto meramente personal, simplemente se deslindan del acusado.

El PAN ha dado un primer paso contra estas malas prácticas de protección, encubrimiento y complicidad partidistas. La creación de la Comisión Especial Anticorrupción, cuya tarea será vigilar que los militantes y los servidores públicos emanados de sus filas actúen en un marco de valores éticos y respondan por el ejercicio de sus funciones, parece una atinada respuesta de Ricardo Anaya ante la crisis de credibilidad generada por los casos de tráfico de influencias y corrupción que, en los últimos años, desdibujaron uno de los atributos históricos del partido, produciendo una fuerte pérdida de prestigio y votos.

El mandato de vigilar y, cuando proceda, llamar a cuentas a compañeros de partido no es una tarea sencilla, pues supone actuar sin concesiones, aun cuando estén de por medio relaciones personales, compromisos políticos y coyunturas electorales difíciles. Pero es imprescindible y, si se cumple bien, será redituable. Por ello, también resulta atinada la designación de Luis Felipe Bravo Mena al frente de esta Comisión, pues cuenta con la trayectoria y solvencia necesarias para cumplir esta tarea con conocimiento y autoridad; aunque la clave será que, además, la cumpla con plena autonomía e imparcialidad.

El PAN pudo haber hecho esto con Padrés en Sonora, el caso más reciente, cuando surgieron los primeros indicios de corrupción. La imagen de un gobernador en funciones llamado a cuentas, sancionado por su partido y, si hay elementos suficientes, sometido a juicio político por su propia mayoría legislativa en el Congreso local, parecería imposible, una suerte de harakiri político-electoral. Pero estoy seguro de que, lejos de la fantasía, los ciudadanos la reconocerían en la vida real, incluso en la contienda electoral. Y lo más importante: podrían evitarse daños irremediables. Por citar otros casos también recientes, el PRD lo pudo haber hecho con Aguirre en Guerrero; Abarca en Iguala y Ebrard en el DF. El PRI podría haber hecho lo mismo con Granier en Tabasco, Medina en Nuevo León y Duarte en Veracruz. La lista es interminable. Lo cierto es que estaríamos hablando de otra democracia, con partidos sanos y fuertes. 

Si esta iniciativa logra sus objetivos, el PAN no sólo dará un salto cualitativo en su proceso de reconstrucción, sino además modelará un nuevo paradigma y pondrá un ejemplo obligado para los demás partidos frente a esta exigencia central de la sociedad.