España: la democracia en juego

Las crisis de las democracias pueden resolverse mediante la reconfiguración de acuerdos, normas e instituciones, con el fin de rediseñarlas y revitalizarlas; pero también, si no son superadas, pueden conducir a la confrontación y la ruptura del orden constitucional. La incapacidad de los gobiernos, partidos y líderes políticos para dirimir los conflictos en el marco de la legalidad democrática y atender, encauzar y resolver las demandas de la sociedad con eficacia, suelen generar polarización y encono en las sociedades. Cuando esto ocurre y el establishment no reacciona con apertura, inteligencia y rapidez, las cosas siempre acaban mal.

La democracia española vive hoy una crisis profunda, cuya más grave expresión es la explosiva amenaza separatista catalana y, con ella, el riesgo de fractura de uno de sus pilares básicos, el pacto de las autonomías, sin duda el desafío que con mayor visión y talento fue resuelto durante la transición de la segunda mitad de los setenta. La Constitución de 1978 fue el reflejo de una serie de negociaciones y acuerdos que, en síntesis, solucionaron exigencias indispensables para transitar de la dictadura franquista a un sistema democrático. Una de las más sensibles, atada a la dolorosa memoria de la cruenta guerra civil (1936-1939), implicó encauzar los valores republicanos a través de una monarquía constitucional, liberal y representativa; otra, menos cargada de emociones, tenía que ver con la forma de gobierno, finalmente desahogada a través de un régimen parlamentario; pero la más delicada, con las más arraigadas tensiones y reivindicaciones culturales, sociales y económicas, era la exigencia de encontrar una salida equilibrada y concertada entre las posiciones centralistas y los reclamos separatistas. Una disputa, por cierto, no motivada por diferencias ideológicas; los nacionalismos vasco y catalán, para hablar de los más conspicuos, han estado mayoritariamente situados en la derecha, al igual que sus peores adversarios, los defensores del nacionalismo español y de la idea de un Estado central y unitario. Una lucha de nacionalismos, pues, con todas sus implicaciones irracionales. 

La solución constitucional, a través del sistema de autonomías —una singular especie de federalismo, con estatus diferentes entre las comunidades autónomas— permitió superar esa disyuntiva crítica de la transición y, con el tiempo, no sin diferencias y problemas recurrentes, ofreció la elasticidad necesaria para ir abriendo márgenes de mayor autonomía para algunas de las comunidades, en muchos casos superiores a los que tienen las entidades federativas en un sistema federal. Así, sobre la base de un diseño general concertado y estatutos diferenciados, la sociedad española encaró con éxito uno de sus más grandes desafíos fundacionales: la inclusión y articulación de los diversos nacionalismos en el marco común de los derechos y las libertades democráticas.

El separatismo catalán tiene sus raíces en una fuerte identidad cultural y una gran capacidad económica que, desde la perspectiva de sus promotores, no ha sido justamente reconocida y compensada. Pero la radicalización y aceleración del movimiento actual es producto de la probada incompetencia de Rajoy y, sobre todo, de la temeraria irresponsabilidad de Artur Mas y otros líderes separatistas, cuya actuación amenaza a la identidad más importante de nuestro tiempo: la identidad democrática. La situación exige diálogo y cambios, sin duda, en este y otros frentes de la crisis española. Pero, en especial, exige atender el mandato de la mayoría de los electores catalanes que, aunque con estrecho margen, el domingo negó su respaldo a los separatistas y al resquebrajamiento de la democracia española.