Ayotzinapa-Iguala: preguntas sin respuestas

En el infame caso Ayotzinapa-Iguala hacer justicia significa, ni más ni menos, desarrollar y culminar los procedimientos ministeriales y judiciales con estricto apego a la ley. Es la única vía para conocer con la mayor certeza posible los hechos, identificar el móvil, fincar responsabilidades y castigar a los culpables. Por ello, el rigor técnico y jurídico en todos y cada uno de los elementos y actos procedimentales -las investigaciones, las pruebas, los peritajes y, desde luego, la instrucción de los juicios correspondientes-, son claves para lograr sentencias justas. En sentido opuesto, cualquier omisión, distorsión, sesgo o interpretación parcial de dichos elementos y actos, dificulta u obstruye la exigencia de justicia. Podría parecer ocioso subrayar estas obviedades. No lo es, sin embargo, en la medida en que los altos niveles de contaminación política y mediática del caso hacen indispensable volver a los principios básicos del ordenamiento constitucional.

El Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es muy importante desde distintos puntos de vista. Por una parte, acredita el cumplimiento de los compromisos de México con los instrumentos y organismos internacionales dedicados a la protección de los derechos fundamentales de las personas. Por otra parte, dentro y fuera del país, muestra la voluntad gubernamental a favor de la mayor apertura del caso, con lo cual contribuye a despejar la ruta para llegar al fondo del asunto, sin obstáculos o reservas. Y, por último, pero no menos relevante, aporta elementos valiosos para revisar, enriquecer y, en su caso, reorientar o reformular algunos elementos y líneas de investigación de los procedimientos ministeriales y judiciales. Pero el informe no es otra cosa que eso: el reporte de los trabajos de investigación, análisis y valoración extrajudiciales, realizados por un grupo de expertos independientes.

La investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) y el Informe del GIEI coinciden en muchos aspectos y discrepan en otros. La diferencia que más ha llamado la atención radica en la posibilidad o no de que los cuerpos de los normalistas hayan sido quemados en el basurero de Cocula. Es una cuestión crucial. La vía para despejar dudas al respecto consiste, como ya se ha planteado, en realizar una tercera investigación que, a diferencia de la del GIEI, sea hecha por un grupo de expertos, no por uno solo, sobre todo porque hay peritajes y dictámenes de otros expertos, también calificados e independientes, que sostuvieron la versión de la incineración en Cocula. Pero hay otro elemento clave que continúa envuelto por más interrogantes que certezas: ¿Por qué fue cometido un crimen tan brutal contra los jóvenes normalistas?

El GIEI y la PGR coinciden en la relación del crimen con el tráfico de drogas, así como en la participación de bandas de narcotraficantes, autoridades y policías municipales de Iguala. Pero fuera de algunas inferencias y suposiciones, no aclaran el móvil, un componente esencial en la investigación y el juicio de cualquier crimen. Este vacío se vincula estrechamente con otro: la falta de información completa y pruebas sólidas sobre los motivos que llevaron a los normalistas de Ayotzinapa a Iguala. Mientras estas interrogantes sigan sin respuestas claras y sustentadas no será posible desentrañar enteramente los hechos de esa terrible noche y, con certeza legal, hacer justicia. Aunque hay quienes, como se lee y escucha en los medios, ya no tienen ese problema: la justicia se resuelve con el acomodo de partes de la realidad a la demanda discursiva de su público y a las necesidades de su buena conciencia.