Informe de un año difícil

El Tercer Informe de Gobierno marca el inicio de la segunda mitad del mandato presidencial. Es el momento propicio para hacer un recuento de los avances acumulados y trazar la ruta hacia su consolidación. Pero es también el acto obligado para dar cuenta del periodo sobre el que se informa, durante el cual una serie de hechos y condiciones provocaron que el presidente Peña Nieto perdiera 15 puntos en su nivel de aprobación, hasta llegar en julio pasado a 34 por ciento. ¿Qué determinó esta caída? ¿Qué debe y puede hacer para remontar la cuesta?   

El punto de inflexión fue provocado en septiembre del año pasado por el brutal crimen perpetrado contra los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, cuya onda expansiva alcanzó y golpeó directamente al Presidente de la República, en buena medida por el efecto catalizador generado con el escándalo de la llamada Casa Blanca. Así, un acto de barbarie imputable a las autoridades y organizaciones criminales del estado de Guerrero y del municipio de Iguala, fue transformado en un misil dirigido con precisión quirúrgica hacia el presidente Peña Nieto, justamente cuando el reconocimiento a su gestión reformista se encontraba en sus niveles más altos dentro y fuera de México. A partir de esa singular mezcla de hechos inconexos y su errática secuela, la tendencia a la baja se mantuvo.

Las acusaciones y revelaciones sobre tráfico de influencias, opacidad y corrupción dejaron una huella difícil de borrar; pero además desplazaron a un segundo término las reformas, las acciones y los resultados de los dos primeros años de gobierno, cuyos méritos y alcances han sido, desde entonces, menospreciados. Lo primero exige continuar y culminar sin reservas los procesos de reformas en materia de transparencia y combate a la corrupción, pues, más allá de la imagen de un gobierno, se trata de una condición indispensable para asegurar el debido ejercicio de los recursos públicos y construir un piso de legalidad y certeza en la relación entre gobernantes y gobernados. Lo segundo implica, por encima de la insana inclinación a la crítica indiscriminada y la autoflagelación, reconocer, valorar y materializar el gran significado de las reformas.

En efecto, a través de un proceso democrático de diálogo, negociación y acuerdos entre el gobierno y los principales partidos políticos, en un corto periodo fueron transformados los marcos normativos e institucionales de sectores estratégicos para el desarrollo del país. La recuperación de la rectoría del Estado sobre la educación frente a las poderosas y corruptas estructuras del sindicalismo magisterial; el establecimiento de mejores bases e instrumentos para garantizar la competencia económica ante los grandes intereses monopólicos; y, entre otras, la apertura del sector energético en un mercado global donde la sustentabilidad ambiental, las nuevas tecnologías, la innovación y, en suma, la agregación de valor han restado centralidad a la mera disponibilidad de hidrocarburos, constituyen un paquete de cambios de la mayor relevancia para el futuro de México.

Los cambios en el gabinete forman parte del relanzamiento del gobierno para la segunda mitad del mandato del presidente Peña Nieto. En ellos no sólo se manifiesta un relevo generacional encarnado en actores clave para las reformas que impulsó, como es el caso de Aurelio Nuño, sino también un reconocimiento a quienes tuvieron un destacado desempeño en sus cargos anteriores, como son los casos de Claudia Ruiz Massieu y José Antonio Meade. Ahora debe reivindicar las reformas y definir las líneas estratégicas para su consolidación, aunque también, como corresponde, debe rendir cuentas sobre este año difícil y doloroso para México.