La dimensión del desafío

Es una manifestación de nuestra patología medular: la incapacidad para erigir y sostener un orden eficaz de leyes e instituciones. Es un reflejo más —sin duda grave, pero no el único ni el más oprobioso— de dos fallas estructurales del país: la precaria legalidad y, con ella, la corrupción sistematizada. Es una crisis de Estado: atañe, pero a la vez trasciende, al gobierno de Enrique Peña Nieto. En esta cruda y frustrante realidad se inscribe la fuga de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo.

En su dimensión coyuntural, la crisis exige desplegar todas las acciones posibles para tratar de recapturar a este criminal e investigar y sancionar a quienes hayan tenido alguna responsabilidad en su fuga, como se está haciendo. En su dimensión estructural, sin embargo, la crisis exige mucho más. Para empezar, obliga a mirarnos en el espejo con detenimiento, sin gestos falsos ni maquillaje, para reconocer y asumir sin ambages las marcas de nuestra mayor deformación: la debilidad de las leyes y las instituciones ante las distintas formas y prácticas ilícitas del poder, sea político, burocrático, sindical, empresarial, criminal o cualquier otro que, con o sin violencia, imponga sus intereses sobre el ordenamiento legal, pasando por encima de los derechos de los demás.

Es un problema vital. Ninguna reforma, ninguna política pública, ningún programa social y ningún proyecto de inversión; en suma, ningún esfuerzo por generar crecimiento económico, bienestar social y sustentabilidad ambiental tendrá sentido, viabilidad y resultados mientras no tengamos un piso firme, universal y eficaz de legalidad y justicia. Lo acabamos de ver con la fuga de Guzmán Loera, pero también lo hemos visto, reiteradamente, con la liberación irregular de delincuentes por parte de jueces y magistrados corruptos; lo vemos cuando la CNTE cierra autopistas, toma plazas y calles, quiebra negocios o impide, por la fuerza, la evaluación del magisterio, agrediendo y humillando a la luz del día, en la vía pública, a los maestros que sí quieren ser evaluados; lo vemos en el uso clientelar de programas sociales y recursos públicos, con fines electorales; lo hemos visto, ad nauseam, cada vez que salen a flote las grandes desviaciones o las pequeñas corruptelas en los procesos de licitación de adquisiciones u obras públicas; lo vemos en las prácticas monopólicas de grandes grupos empresariales, que no sólo impiden una sana competencia sino asfixian o avasallan a los pequeños o medianos empresarios, o bien cuando una industria contamina impunemente un río; lo hemos visto en infinidad de casos en los que una persona pobre o con recursos limitados no puede contratar un abogado y entablar un juicio para hacer valer sus derechos en condiciones básicas de equidad; y lo vemos todos los días hasta con los franeleros, que se apropian de las calles e imponen cobro a quien quiera estacionarse en ellas sin que ninguna autoridad se los impida.

En estas condiciones no sólo es imposible generar el crecimiento económico necesario para alcanzar un desarrollo sostenido, incluyente y sustentable, sino también sostener y consolidar la construcción democrática de las últimas dos décadas. La debilidad institucional, la ruptura reiterada del orden legal, la corrupción sistematizada y la impunidad, sumadas a las condiciones de pobreza de la mayoría de la población, producen una mezcla explosiva que únicamente podrá desactivarse con las herramientas de la legalidad, pero ésta, a su vez, sólo será posible mediante un proceso abierto y plural de reconstitución del Estado. Esta es la dimensión del desafío.