Exigencias del Presupuesto Base Cero
El Presupuesto Base Cero significa, en pocas palabras, elaborar un proyecto de egresos bajo el supuesto metodológico de trabajar sobre una hoja en blanco la planeación del gasto público —sin ataduras previas ni inercias programáticas—, con el fin de ajustarlo o reformularlo para lograr mayor racionalidad y eficiencia. Esto implica evaluar, reorientar, agregar y suprimir programas gubernamentales y partidas presupuestarias, en razón de una nueva priorización de objetivos. Nadie puede, en abstracto, objetar la pertinencia de un ejercicio de esta naturaleza; la cuestión de fondo, sin embargo, radica en la visión y los criterios que lo conduzcan.
Esta cuestión, cuando hay un cambio de régimen político, encuentra respuesta en los principios y aspiraciones que la motivaron, pues el Presupuesto Base Cero es consustancial a una transformación estructural, como la expedición de una nueva constitución o la ruptura del ordenamiento constitucional y, por lo tanto, la redefinición integral, sustantiva y programática del modelo de desarrollo de un país; los ejemplos más claros son las transiciones a la democracia o, en sentido inverso, la regresión a un régimen autoritario. Si cambia el paradigma, por definición cambian también los objetivos y el gasto público.
En otros casos, cuando el planteamiento de un Presupuesto Base Cero responde a una crisis financiera y su finalidad es encarar la disminución de los ingresos del Estado, no hay necesariamente la claridad de criterios y consensos para orientar debidamente la nueva política de gasto. Este es nuestro caso ahora. Principalmente, como consecuencia de la caída en los precios del petróleo y la volatilidad e incertidumbre en los mercados financieros internacionales, requerimos reducir el gasto. Con menos recursos para gobernar, el ejercicio de planeación presupuestal busca reafirmar o reordenar objetivos y prioridades, desechando aquellos programas que no hayan dado los resultados esperados o, simplemente, no tengan un carácter prioritario. Estas decisiones siempre son polémicas.
Para lograr adecuadamente la construcción del Presupuesto Base Cero, el gobierno de la República y, en su momento, la Cámara de Diputados, deben atender varias exigencias. Destaco tres. La primera consiste en asumir y procesar la necesidad de legitimar el cambio presupuestario ante la fundada, añeja y extendida indignación social frente a las deformaciones en el ejercicio de los recursos públicos: abusos, privilegios, opacidad, corrupción e ineficiencia, entre otras. El proceso no será sencillo, pues es previsible y explicable la resistencia a la supresión de programas sociales o de inversión mientras no se tomen medidas puntuales, efectivas y creíbles en contra de las deviaciones y malas prácticas en el gasto. La segunda es distinguir entre un mero recorte del gasto y un Presupuesto Base Cero, pues este último supone la redefinición de objetivos y prioridades, y por lo tanto la exigencia supone precisar y sustentar los motivos, instrumentos y metas del ajuste al proyecto gubernamental. Y la tercera implica la construcción de consensos, dentro y fuera de la esfera gubernamental, en torno a los objetivos y prioridades que reorientarán la nueva política presupuestal.
Es inevitable que la supresión, fusión o reasignación orgánica de los programas gubernamentales produzcan reacciones y resistencias. Algunas de ellas serán manifestación de intereses particulares afectados; otras, en cambio, expresarán cuestionamientos e inquietudes genuinas de orden general —no en defensa de intereses específicos— respecto a la redefinición de objetivos o prioridades. La agenda del debate presupuestal será amplia y compleja. La clave radicará en la capacidad para explicar y sustentar los cambios.