¿Administrar o gobernar?

Si no aprovecha este momento para tomar decisiones que signifiquen el relanzamiento de su proyecto, los siguientes años no serán más que un ejercicio intrascendente de administración y gestión de conflictos, con altísimos costos para el país.

Hasta ahora, el balance muestra un agudo contraste. Entre diciembre de 2012 y agosto de 2014, la capacidad de negociación y construcción de acuerdos dio forma a un proyecto reformador de grandes alcances que, al margen de la polémica sobre algunas reformas, en especial la fiscal, asombró a propios y extraños; en pocos meses, el gobierno y los principales partidos políticos fueron capaces de reivindicar la esfera del interés público frente a grandes grupos de interés privado, lo mismo monopolios empresariales que organizaciones sindicales, con el fin de generar condiciones a favor de una genuina competencia económica, recuperar la rectoría sobre la educación e iniciar los procesos indispensables para elevar su calidad; así como abrir y transformar áreas estratégicas, como las telecomunicaciones y las energías. Dentro y fuera de México, estos avances se tradujeron en un doble reconocimiento, tanto a la funcionalidad democrática del país como al impulso transformador para la competitividad y el crecimiento económico.    En septiembre de 2014, sin embargo, la combinación de la barbarie del caso Ayotzinapa y el escándalo de la llamada Casa Blanca, una amalgama cuyo poder explosivo nadie imaginó, golpeó al proyecto reformador del presidente Peña Nieto debajo de su línea de flotación, dejándolo a la deriva durante varios meses, sin las herramientas y pericia necesarias para reparar los daños y retomar el control. Esta explosiva amalgama, sumada al persistente desafío del crimen organizado y de los grupos más radicales del magisterio, reveló, una vez más la cara oscura de México, con todas sus deformaciones estructurales en materia de legalidad, derechos humanos, violencia, corrupción e impunidad. Fueron ocho meses nebulosos y erráticos, hasta la elección del 7 de junio.

La apuesta de la sociedad por la vía democrática y la solvencia institucional para garantizar un clima de seguridad y certidumbre el día de la jornada electoral, arrojaron luz y mostraron la ruta para superar este periodo crítico. El mensaje fue firme y claro: la gran mayoría está profundamente insatisfecha con los partidos y sus  desviaciones en el ejercicio del poder, pero rechaza con la misma firmeza y claridad las vías extralegales y violentas para la reivindicación de sus reclamos. La gente quiere vivir en paz; no tolera más la corrupción; y demanda acceso a educación, empleos y servicios de salud de calidad, en un marco de certeza legal, seguridad y crecimiento económico. Estas son, en mi opinión, las claves para descifrar la ecuación del impasse poselectoral y, sobre esa base, fijar prioridades, trazar estrategias y realizar ajustes en el gabinete. El presidente Peña Nieto tiene sobre la mesa las condiciones propicias y la información necesaria para definir el relanzamiento de su gobierno. Cuenta, por una parte, con el respaldo de una mayoría legislativa -que no aval mayoritario a su gestión- suficiente para la gobernabilidad institucional; y enfrenta, por otra parte, reclamos sociales tan claros como legítimos, cuya atención debe orientar el resto de su mandato. Lo que no sirva y quien no sirva para esos propósitos, no debe tener cabida en su gobierno, salvo que su opción sea administrar y no gobernar.