Grito en el cielo y derechos en la tierra
A Sofía, Natalia y Marina,porque me hacen un papá muy feliz.En septiembre de 2006 los dirigentes nacionales y diputados electos a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal del Partido Socialdemócrata (en ese entonces, Alternativa Socialdemócrata) elaboramos y acordamos una agenda común con el PRD —en específico, con líderes y legisladores de Nueva Izquierda—, con el fin de impulsar una serie de reformas que, en síntesis, impulsaran en la Ciudad de México y, a partir de ella, en todo el país, la universalización de los derechos individuales y sociales, como expresión normativa de los principios de equidad, diversidad y tolerancia.
Esta agenda comprendía cambios a favor de las mayorías, en condiciones de pobreza y marginación, como la creación de las sociedades mutualistas para promover, por ejemplo, el acceso de amplios segmentos de la sociedad al excluyente mercado de los seguros médicos, o bien reformas para fomentar nuevas actividades productivas en el marco de la economía social, entre otras muchas propuestas animadas por el propósito de combatir y compensar las profundas desigualdades sociales y económicas. Pero la agenda trazada también puso el acento en otro principio fundamental de la izquierda liberal y la democracia constitucional: garantizar los derechos de las minorías. Dentro de éstos, la despenalización del aborto y los matrimonios gay constituyeron una de nuestras prioridades.
Los procesos de reformas a favor de los derechos de las minorías enfrentaron grandes obstáculos y desafíos. Por una parte, era indispensable ganar el debate social y cultural frente a los grupos de la derecha y las voces más conservadoras del país, casi siempre impulsados por prejuicios e intolerancia -muchas veces, incluso, con manifestaciones de odio-, pero también frente a las resistencias o ambigüedades de políticos supuestamente de izquierda, empezando por López Obrador. Poco a poco, con la participación decisiva de organizaciones de la sociedad, instituciones académicas y medios de comunicación, fuimos ganando respaldo en la opinión pública, hasta alcanzar el apoyo de la mayoría en la Ciudad de México, lo que llevó al entonces jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, a transitar de una posición ambigua a la adopción de las reformas. Por otra parte, era necesario un trabajo legislativo de alta calidad profesional y rigor jurídico-constitucional. Para ello fueron claves las aportaciones de destacados juristas, especialmente de la UNAM.
Logramos, así, aprobar reformas debidamente sustentadas en los principios y preceptos de la doctrina y el derecho positivo en materia de derechos humanos, en contra de la discriminación. La constitucionalidad de la despenalización del aborto durante las primeras doce semanas de gestación fue confirmada por la Corte; y las sociedades de convivencia quedaron incorporadas en la legislación del DF, con lo que sentaron las bases de las reformas para reconocer el derecho a los matrimonios gay en la siguiente legislatura, también promovidas por un legislador del PSD y aprobadas con el respaldo de la mayoría perredista. Aquellos esfuerzos a favor de los derechos de las minorías abrieron brecha y marcaron la pauta para un cambio cultural y legal de la mayor trascendencia.
Hace unos días la Corte emitió jurisprudencia de observancia obligatoria en todo el país: “Ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, tanto por parte de las autoridades estatales como de particulares, puede disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual”, y determinó que las leyes que consideren que los matrimonios deben celebrarse sólo entre personas de diferente sexo o con fines de procreación, “es inconstitucional”. La derecha puso el grito en el cielo. La Corte puso derechos en la tierra.