La buena noticia del 7 de junio

Contra las amenazas de la CNTE de impedir por la fuerza la instalación de casillas; contra los riesgos de violencia del crimen organizado en las zonas más vulnerables; contra la campaña para promover la anulación del voto; contra las prácticas ilegales de manipulación mediática o clientelar de los electores; y, en suma, contra un ambiente que hacía propicia la inhibición de la afluencia a las urnas o sugería una jornada insípida e irrelevante, con resultados predecibles o convencionales, las pasadas elecciones acreditaron el arraigo de los principios y las prácticas democráticas en la sociedad mexicana.

Ahora la cuestión radica en la lectura de este proceso electoral por parte de la clase política y, sobre esa base, en la visión y orientación de su actuación. No creo que sea pertinente ni deseable esperar una lectura uniforme, como si las expresiones ciudadanas pudieran resumirse en un solo mensaje o interpretarse bajo un lente único. Creo, por el contrario, que tienen cabida muchas lecturas diferentes y, en todo caso, complementarias, aunque, ciertamente, bajo el hilo conductor de la exigencia de transitar a una democracia de mayor calidad y funcionalidad, ya no tanto en los procedimientos electivos para la integración de los órganos de representación popular, sino en las reglas y los mecanismos relativos al ejercicio del poder, bajo condiciones efectivas de transparencia, eficiencia, rendición de cuentas y eficacia en su desempeño, de tal forma que la conformación y el desempeño de las instituciones públicas salgan del estéril ensimismamiento de la clase política y constituyan el medio para lograr un desarrollo económico y social integral, incluyente, sostenido y sustentable. Esto exige cambios en los dos frentes que, por definición, constituyen las piezas indispensables de las democracias constitucionales: ciudadanía y poder público. 

En un país tan desigual, con grandes segmentos de la sociedad en condiciones de pobreza y exclusión, así como con deformaciones estructurales en sus relaciones con las autoridades, los partidos políticos y los poderosos grupos de interés privado —tanto monopolios empresariales como corporaciones sindicales—, es inevitable que la calidad de ciudadanía se encuentre tan degradada (ver el Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México, IFE, 2014). Esto coloca a gran parte de los mexicanos en una condición de enorme vulnerabilidad para el ejercicio y la defensa de sus derechos y libertades, lo cual alimenta y fortalece en forma proporcional los abusos, la corrupción, la impunidad y la ineficiencia de las instituciones públicas. La promoción y construcción de ciudadanía es, así, una de las exigencias de cambio político, social y cultural más importantes, respecto a la cual es indispensable que los organismos electorales y las instituciones educativas de todo el país —responsables, precisamente, de la educación cívica—, con la concurrencia de organizaciones de la sociedad civil, diseñen y emprendan un proyecto nacional de construcción y fortalecimiento de ciudadanía.

En el otro frente, el poder público, el 7 de junio obliga a una genuina y profunda reflexión autocrítica que, si no es mucho pedir, conduzca a la clase política a asumir sin evasivas el reclamo ciudadano contra sus abusos y desviaciones, pero también contra su ineficacia para generar crecimiento económico y bienestar social. No parece fácil que lo hagan. La buena noticia es que cada vez hay más ciudadanía para exigirlo.