El espectáculo electoral

Ni en las más antiguas y acreditadas democracias del mundo las campañas han estado exentas de estas prácticas, cuya finalidad, más que convencer a los votantes de los atributos de la oferta propia, consiste en destruir la imagen y el prestigio de los adversarios, mediante acusaciones y revelaciones sobre hechos reales o supuestos de corrupción, tráfico de influencias o violación de las reglas electorales. Esto no debería sorprender ni asustar a nadie. Debe asumirse como un componente natural de las contiendas que, además, muchas veces ha permitido develar casos y procesos de descomposición del ejercicio del poder público que, de otra manera, habrían quedado ocultos o impunes para siempre.

Sin embargo, una cosa es que estas prácticas sean un componente de las campañas y otra, muy distinta, que lo sean todo, como ocurre con el bajo y vergonzoso espectáculo rumbo a las elecciones federales y locales del próximo 7 de junio en nuestro país. El más simple diagnóstico del problema muestra una doble patología: la anemia ideológica, institucional, ética y ciudadana del sistema de partidos; y la metástasis de la corrupción, plural y generalizada.

Partidos y candidatos sin ideas ni propuestas claras, meramente instrumentales, opacos y lejanos a la sociedad, ganarán o perderán en función de sus habilidades para manipular clientelas, obtener y ejercer recursos en forma ilícita, violar o trampear las normas electorales o engatusar a los segmentos de votantes menos informados, con estrategias mercadotécnicas ilegales y promesas retóricas. La consecuencia de esto es perfectamente predecible, como muestran las encuestas: entre la baja participación ciudadana prevista —que por primera vez podría situarse en 40 puntos o menos— y las boletas que serán anuladas o depositadas en blanco, no es remoto que sólo poco más de un tercio del electorado sea la precaria fuente de legitimidad de los próximos legisladores, gobernadores y ayuntamientos. Así, por ejemplo, si los votos válidos acaban representando el 38 % del total de electores inscritos en las listas nominales de electores, y el PRI obtiene el 35% de esos votos, podría alcanzar la mayoría en la Cámara de Diputados con el respaldo real del 13 % de los ciudadanos con derecho a votar; y de ahí para abajo los demás partidos. La tendencia es clara: nos dirigimos hacia un sistema de partidos flotando en el vacío, apenas sostenido por las viejas cuerdas de las clientelas electorales.

A la par del desastre democrático de los partidos, los escándalos diarios de corrupción, tráfico de influencias y abusos de poder en estas campañas nos han colocado ante un escenario grotesco que, si no fuera por los indicios y evidencias mostrados o filtrados por los propios actores políticos, resultaría inverosímil, no porque esta deformación estructural nos sea extraña, sino porque revela con crudeza su incrustación en todos los niveles y todos los partidos. Si querían producir más indignación y desencanto, lo han logrado con creces. En estas condiciones, las ideas o aspiraciones ciudadanas de legalidad, transparencia o rendición de cuentas acaban siendo una expresión naif, mientras en las voces de los protagonistas de estas campañas resultan una mera manifestación retórica o un acto de cinismo puro y duro.

Ni ahora, con el caso de El Bronco en Nuevo León, ni en las elecciones presidenciales de 2018, con los liderazgos independientes —reales o impostados— que emerjan, nadie debe llamarse a sorpresa. Es el resultado natural de los agravios y el desprecio a la ciudadanía.