Informe sobre la justicia cotidiana

El Informe no sólo da cuenta del estado que guarda el sistema de justicia en México, sino también contiene más de 200 recomendaciones para orientar una transformación de fondo en un ámbito vital para hacer del ordenamiento constitucional y, por lo tanto, de los derechos de las personas, una realidad palpable, bajo principios de equidad e inclusión social.

El Informe define el significado de la justicia cotidiana como aquella relativa a todos y cada uno de los procesos y acciones judiciales o administrativos que, derivados de una controversia jurídica entre particulares o entre éstos y la autoridad, afectan en la vida diaria los derechos, el patrimonio o el bienestar de la gente. Alude, así, a la condición fundamental para el ejercicio y la defensa de los derechos individuales y colectivos: el derecho de acceso a la justicia, sin el cual el sistema de garantías constitucionales carece de soporte y viabilidad.

Comprende todas las materias y relaciones jurídicas, lo mismo las de orden penal, administrativo, civil, mercantil y laboral, que las concernientes a los derechos ambientales y de los consumidores, entre otras. Las recomendaciones contenidas en el Informe sobre Justicia Cotidiana tienen la finalidad de sustentar reformas y políticas públicas que aseguren la posibilidad real, no sólo formal, de que cualquier persona pueda acceder a los órganos de justicia y hacer valer sus derechos en forma expedita y en condiciones de igualdad, lo mismo si se trata de una demanda de pensión alimenticia o de una controversia sucesoria, que de la afectación colectiva por la contaminación de un río o los abusos de una empresa en perjuicio de los consumidores.

El desafío es vital e implica una transformación cultural, legal e institucional de gran calado.

El problema es muy claro: un país sin un piso firme de legalidad, donde todas las personas, sin excepción, puedan transitar por la vida con seguridad jurídica y, en caso necesario, defender y hacer valer sus derechos ante los órganos encargados de procurar o impartir justicia, va sufriendo deformaciones que, poco a poco, acaban siendo asumidas como parte de la normalidad. Esto es lo que nos ha pasado en México: las prácticas y acciones ilegales en las relaciones o controversias con valor jurídico, muy frecuentemente quedan impunes o son atacadas por vías también ilegales, incluidas la violencia y la justicia por propia mano. Las manifestaciones de esta deformación son infinitas.

En efecto, mientras la mayor parte de la población no pueda vivir dentro del mundo de la legalidad, porque carece de la posibilidad real de ejercer y hacer valer sus derechos cuando son vulnerados, la idea del Estado de derecho seguirá siendo una expresión retórica y abstracta.

El problema, sin embargo, no es ni retórico ni abstracto. Es tan palpable y concreto como lo son todos los casos de la vida cotidiana donde las personas que no tienen recursos para pagar un abogado, ni cuentan con servicios públicos de asesoría o representación legales, no pueden acceder a la justicia para defender sus derechos más elementales.

De allí la enorme relevancia del diagnóstico y de las recomendaciones contenidos en el Informe sobre Justicia Cotidiana.

Ahora la exigencia es traducir este gran esfuerzo de análisis y elaboración de propuestas en iniciativas de reformas legislativas, cambios institucionales y políticas públicas.