La defensa de la democracia

Los sindicatos magisteriales en Guerrero y Oaxaca nos han hecho saber que impedirán la celebración de elecciones en esas dos entidades. La amenaza es clara y directa: por encima del orden constitucional y de la voluntad de la ciudadanía, nos anuncian que no permitirán la instalación de casillas y, por lo tanto, el ejercicio del derecho al voto. Estas mismas organizaciones se han dedicado a sabotear la Reforma en materia de Educación aprobada con el consenso de todos los partidos políticos y el más amplio respaldo ciudadano, precisamente en los dos estados de la República donde el desempeño en educación muestra los más bajos niveles del país. Esta amenaza contra las elecciones exige una respuesta firme e inequívoca de la sociedad mexicana.

La construcción democrática, a pesar de sus evidentes deficiencias y debilidades, es el resultado de las convicciones, demandas y esfuerzos de muy diversos actores de distintas generaciones y, por lo tanto, su defensa nos atañe a todos. La democracia es la única vía razonable y pacífica para enfrentar los grandes desafíos de la pobreza, el crimen organizado y la corrupción, cuyas manifestaciones no son consecuencia de nuestra breve experiencia democrática, sino de la persistencia de las estructuras y prácticas del viejo régimen autoritario. El reto, pues, consiste en fortalecer a la primera y combatir a las segundas. Lo contrario es un despropósito inadmisible.

Es una obviedad, pero en momentos de crisis y encono conviene recordarlo: el hartazgo de las sociedades ante las deformaciones, incapacidades y abusos del poder público en democracias frágiles o incipientes ha conducido en distintos países y momentos históricos a graves confusiones y falsas salidas, casi siempre asociadas a fórmulas autoritarias. De allí la importancia radical, en esta circunstancia crítica, de refrendar el compromiso a favor de los principios, las reglas y los procesos de la democracia, por encima de cualquier filia o fobia partidista.

Es evidente que la apuesta de los grupos que tratan de impedir la celebración de elecciones se inscribe en una estrategia de desestabilización y ruptura del orden constitucional. Es evidente, también, que el brutal crimen de los normalistas de Ayotzinapa y los reiterados escándalos de corrupción, como muchas otras aberraciones del poder público en los diferentes órdenes de gobierno, han generado desencanto y dudas en torno a la capacidad de las instituciones democráticas para garantizar dicho orden constitucional. Pero la ruta para superar estas deformaciones pasa por el fortalecimiento de la democracia, no por su destrucción. Por ello es indispensable que las organizaciones de la sociedad refrenden activamente su compromiso democrático e impidan que la irresponsabilidad de los grupos más radicales imponga sus intereses. 

                *Socio Consultor de Consultiva                  abegne.guerra@gmail.com