¿Cómo controlar a los gobernadores?
El debate sobre el sistema federal es obligado. El balance de los gobiernos locales durante 25 años de pluralidad y alternancia es francamente negativo. La democracia y la descentralización del poder no significaron, en buena parte de los casos, una evolución en las ...
El debate sobre el sistema federal es obligado. El balance de los gobiernos locales durante 25 años de pluralidad y alternancia es francamente negativo. La democracia y la descentralización del poder no significaron, en buena parte de los casos, una evolución en las formas de gobernar; por el contrario, trasladaron los excesos del viejo presidencialismo a la esfera de las entidades federativas. Son pocas las que han tenido o tienen gobiernos con visión de cambio y capacidad de gestión; pero lo peor de esta experiencia se encuentra en el terreno de los abusos de poder y la corrupción.
Las últimas noticias sobre Ángel Aguirre y José Murat muestran el extremo de la depredación y la ignominia: en dos estados con los más bajos niveles de calidad de vida los gobernadores optaron, sin control ni contrapeso alguno, por usar los recursos públicos destinados a resolver o mitigar sus profundos rezagos, entre los cuales destaca dramáticamente la desnutrición infantil, a nutrir sus fortunas personales. Pero no son los únicos. La relación de los años recientes es extensa y plural. Ningún partido está exento. Además de la corrupción pura y dura, está también el aumento exponencial del endeudamiento de las entidades federativas que, sin ejercicios eficientes y transparentes de gobierno, entraña otra forma de corrupción.
Hace unos días platicaba sobre estos temas con unos amigos —profesionales y académicos conocedores del sistema federal— y uno de ellos sostenía que habría sido muy difícil una experiencia positiva de gobiernos locales luego de toda una historia de federalismo ficticio, bajo el peso asfixiante del centralismo y la falta de posibilidades reales de un ejercicio democrático y autónomo del poder. La explicación es correcta, pero, ¿cuál es la solución? Referí el caso de España, donde el centralismo y avasallamiento de las regiones bajo la dictadura franquista no impidieron que la transición diera lugar a comunidades autónomas con aceptables niveles de gestión gubernamental.
La diferencia, me parece, reside en la existencia de redes ciudadanas y mecanismos institucionales con capacidad para imponer límites y controles a los gobiernos locales, en el caso de España, y en la inexistencia o debilidad de la mismas en el caso de México. ¿Cómo cambiar esta realidad? La solución no pasa, desde luego, por el regreso al centralismo y al autoritarismo; iguales o peores prácticas de abuso y corrupción de gobiernos locales del PRI durante siete décadas no dejan lugar a dudas. Por ello, creo que la fórmula consiste en reformar las bases constitucionales del sistema federal para, entre otras cosas, establecer, garantizar y estandarizar nuevos mecanismos de control ciudadano sobre los gobernadores, dotados de autonomía y amplias atribuciones de investigación y denuncia.
* Socio Consultor de Consultiva