¿Quieren los legisladores?
Siempre es difícil construir acuerdos y aprobar reformas legislativas en tiempos electorales. Los gobiernos y los partidos están concentrados en las campañas con la única finalidad de vencer a sus adversarios con todas las armas a su alcance, lo cual genera, ...
Siempre es difícil construir acuerdos y aprobar reformas legislativas en tiempos electorales. Los gobiernos y los partidos están concentrados en las campañas con la única finalidad de vencer a sus adversarios con todas las armas a su alcance, lo cual genera, inevitablemente, un ambiente de confrontación poco propicio para el trabajo de los órganos parlamentarios. En condiciones normales, esto a nadie debería inquietarle, pues en cualquier democracia los procesos electorales implican una disputa que, como es natural, dificulta el diálogo y la formación de consensos, lo que suele reducir las actividades legislativas al trámite de asuntos de poca relevancia. Sin embargo, en las condiciones de descrédito y pérdida de legitimidad de todos los partidos y actores políticos del país, el último periodo ordinario de sesiones de la actual legislatura —que inicia el próximo 1º de febrero—, debe trascender la contienda electoral y, en un ejercicio extraordinario de responsabilidad de los legisladores, desahogar el tema más importante en este momento crítico de la democracia y la vida pública de México: el combate a la corrupción.
Parece necesario reiterarlo: todos los problemas que tienen al país hundido en la más grave crisis política de los últimos 20 años y mantienen estancada la economía —desde la Línea 12 del Metro, Ayotzinapa y la Casa Blanca hasta la ingobernabilidad promovida por el sindicalismo magisterial en Guerrero, Michoacán y Oaxaca, pasando por las complicaciones y costos extralegales para el desarrollo de actividades productivas, entre muchos otros— guardan relación con las diversas manifestaciones y prácticas de la corrupción, algunas matizadas o solapadas bajo el paliativo verbal de los llamados conflictos de interés.
El Congreso y, en concreto, todos y cada uno de los legisladores tienen en sus manos una responsabilidad y una oportunidad históricas: aprobar la creación de un sistema nacional anticorrupción autónomo y eficaz. Para ello es imprescindible garantizar la independencia de los encargados de su gestión y dotarlo de facultades y capacidades reales de investigación, sanción administrativa y denuncia penal, con competencia sobre todos los ámbitos de la función pública y las tres esferas de gobierno. Por encima de cuestiones y detalles de orden técnico o procedimental, existen todos los elementos sustantivos para legislar. Ahí está, para no ir muy lejos, la iniciativa del PAN, que reúne las condiciones de autonomía y eficacia señaladas.
No hay que darle muchas vueltas. ¿Quieren o no quieren nuestros legisladores atender esta exigencia vital para la democracia y el desarrollo de México? En esta circunstancia crítica, los candidatos, las campañas y los resultados electorales son lo de menos. El problema medular se llama corrupción. Lo demás es su consecuencia.
*Socio Consultor de Consultiva