Legalidad: empezar por la corrupción
Las democracias carecen de sentido si no cuentan con un efectivo sistema de controles y contrapesos en el ejercicio del poder público. La separación e independencia de las funciones del Estado es una condición indispensable para ello, pues delimita las esferas de ...
Las democracias carecen de sentido si no cuentan con un efectivo sistema de controles y contrapesos en el ejercicio del poder público. La separación e independencia de las funciones del Estado es una condición indispensable para ello, pues delimita las esferas de competencia de los órganos responsables de cada una de ellas, establece mecanismos de revisión y rendición de cuentas, limita la concentración y los abusos del poder y, en última instancia, protege el principio de legalidad, cuyo fin esencial es garantizar los derechos fundamentales de las personas.
La democracia mexicana está muy lejos de significar un ordenamiento constitucional garantista, es decir, un sistema de normas, instrumentos y procedimientos que garanticen de forma universal, incluyente y equitativa los derechos y las libertades de todas las personas, a salvo de los excesos del poder público y del régimen de privilegios y discriminación que, de facto, han hecho de la igualdad ante la ley un postulado retórico.
El fracaso histórico, político y cultural de nuestro país ante esta exigencia inherente a las democracias constitucionales —una exigencia civilizatoria— se refleja en gran parte de las relaciones y transacciones de la vida cotidiana, lo mismo entre particulares que entre estos y las autoridades, pero, además, estalla cíclicamente en crisis mayores que, como ahora, revelan la magnitud de las deformaciones provocadas por el escaso valor de la ley frente a las diversas manifestaciones del poder.
Las hipótesis para explicar esta patología nacional van desde la herencia colonial de la simulación ante la ley y la corrupción institucionalizada, hasta la persistencia de las estructuras y las prácticas del régimen político posrevolucionario, construido sobre la subordinación del ordenamiento jurídico a los intereses del poder político, pasando por el dominio de la mentalidad criolla, por definición extractiva y depredadora, durante el siglo XIX. Pero al final de cuentas estos y otros factores se resumen en la profunda debilidad de las normas y las instituciones.
La experiencia histórica de las democracias muestra que no hay forma de cambiar esta penosa realidad si no se empieza desde arriba y con el foco puesto en la expresión de la ilegalidad que más daña a la democracia y más agravia a la sociedad: la corrupción. Y, para ello, como lo hicimos en el ámbito electoral con la plena autonomía del IFE en 1996, no hay otra fórmula que no sea la creación, como propone el PAN, de un órgano enteramente independiente, con amplias facultades de investigación y sanción. Es obvio que la legalidad no supone únicamente poner límites eficaces a la corrupción, pero la crisis actual hace evidente que, si no empezamos por ahí, será imposible frenar la espiral de crispación social y la acelerada expansión de la ruptura del orden legal.
*Socio consultor de Consultiva