El factor local y el municipal
Los testimonios, pruebas y confesiones integrados en las averiguaciones de la PGR constituyen una crónica de hechos monstruosos, reflejo de la profundidad y los alcances de las deformaciones institucionales, políticas y sociales relacionadas con la lucha armada contra el ...
Los testimonios, pruebas y confesiones integrados en las averiguaciones de la PGR constituyen una crónica de hechos monstruosos, reflejo de la profundidad y los alcances de las deformaciones institucionales, políticas y sociales relacionadas con la lucha armada contra el crimen organizado y la infiltración de éste en la esfera del poder público, especialmente en estados y municipios. Antes del terrible caso de Ayotzinapa-Iguala, miles de crímenes y desapariciones forzadas se fueron acumulando hasta convertirse en meras cifras y, en el eufemismo del gobierno anterior, ser calificados como daños colaterales de la guerra contra el narco, o minimizados a través de un discurso que los situaba como pérdidas humanas de poca monta, por ocurrir en enfrentamientos entre grupos criminales.
La violencia, así, llegó a ser asumida como parte de una nueva normalidad nacional, como si el resto de la vida del país pudiera coexistir con ella sin mayores consecuencias; una suerte de fatalidad asociada al combate armado contra las bandas de narcotraficantes, como si no tuvieran cabida otros objetivos y estrategias frente a los fenómenos y procesos inherentes al consumo y el tráfico de drogas; una espiral de belicismo y armamentismo donde la exigencia primordial de respetar los derechos humanos pasó a un segundo plano, como si fuera posible defender la legalidad vulnerándola desde las instituciones encargadas de la seguridad pública. La espiral de violencia se impuso.
Mientras tanto, las adicciones y el consumo de drogas no sólo no disminuyeron, sino que continuaron creciendo; y las grandes operaciones y ganancias del lavado de dinero no sufrieron golpes importantes. En otros términos, ni mejoraron los indicadores desde la perspectiva de la salud, sobre todo de los jóvenes que sufren adicciones; ni disminuyó la demanda de drogas, factor determinante de la oferta; ni fue socavado el poder financiero del crimen organizado, fuente de su gran capacidad corruptora.
El actual gobierno federal planteó un giro en la estrategia: restar centralidad en el discurso gubernamental al combate al crimen organizado —para generar un cambio en la percepción y el ánimo respecto al país—; enfatizar la voluntad reformista en el terreno económico; y transitar a una lucha orientada a la prevención y basada en los servicios de inteligencia. Sin embargo, las brutales secuelas de la política pública de la violencia y la extendida infiltración del narcotráfico en gobiernos y policías locales y municipales, no lo permitieron. Por ello, la exigencia de diseñar y construir una nueva institucionalidad pasa necesariamente —aunque no sólo, desde luego— por la corrección estructural de las deformaciones del sistema federal y del municipio, uno de los mayores obstáculos para la legalidad democrática.
*Socio consultor de Consultiva