El imposible tránsito a la legalidad
Nos estalló una vez más la bomba de la frágil, desequilibrada y excluyente legalidad mexicana, ahora quizá con más fuerza y mayores alcances, con horror inaudito, pero al fin y al cabo el mismo material explosivo que todos los días socava o destruye, en menor o mayor ...
Nos estalló una vez más la bomba de la frágil, desequilibrada y excluyente legalidad mexicana, ahora quizá con más fuerza y mayores alcances, con horror inaudito, pero al fin y al cabo el mismo material explosivo que todos los días socava o destruye, en menor o mayor medida, los imprescindibles cimientos para una convivencia civilizada, apegada a las normas, respetuosa de los derechos individuales y colectivos. Lo que hemos vivido en estas infames semanas no son, por desgracia, más que nuevos síntomas de la misma enfermedad: el escaso valor de la ley y la violación sistemática de los derechos individuales y colectivos, así como la reiterada ineficacia de las instituciones para protegerlos y hacerlos valer.
No hay democracia, crecimiento económico y bienestar social viables sin un piso sólido e incluyente de legalidad que, sin excepciones ni distinciones, ciña el ejercicio del poder público al orden constitucional y garantice a todas las personas el principio de igualdad real ante la ley. El desafío es extraordinario, en la medida en que no sólo supone un profundo cambio de orden político e institucional, sino también una transformación social y cultural, lo cual implica reordenar, reconstruir y universalizar los valores y comportamientos propios de una democracia fundada en el respeto a la ley.
El Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México elaborado por el IFE (ahora INE) y El Colegio de México, como antes lo han hecho otros estudios e investigaciones sobre la cultura democrática y la legalidad, muestra con nitidez la raíz del problema: la mayoría de los mexicanos considera que las leyes y las instituciones encargadas de aplicarlas y hacerlas valer son instrumentos al servicio de los intereses de quienes tienen el poder político o económico para usarlas en su beneficio; no reconoce en ellas, en efecto, una fuente de garantías para sus derechos y libertades. Es natural que así sea. Lo vemos todos los días: la violación de las leyes y la impunidad empiezan desde las más altas esferas del poder político o empresarial, y desde allí deben iniciar los cambios.
Por ello, si bien es absolutamente inaceptable el vandalismo en las revueltas y protestas sociales de los grupos más radicales, lo cierto es que mientras persista la impunidad de actos y conductas ilícitos de políticos, funcionarios, empresarios o líderes sindicales, las violaciones cotidianas y masivas de la ley —desde las aparentemente más inofensivas hasta las evidentemente más graves— gozan de una suerte de carta de naturalidad social y cultural. Allí radica el origen de esta explosiva malformación política, social y cultural que, mientras perdure, como hemos vuelto a constatar, seguirá haciendo imposible nuestro tránsito a la legalidad.
*Socio consultor de Consultiva