¿A quién le sirve la CNDH?
El caso Tlatlaya coloca al presidente Peña Nieto ante el reto de acreditar, sin lugar a dudas, su compromiso y capacidad para garantizar y armonizar dos exigencias esenciales en una democracia constitucional: seguridad y derechos humanos. Ninguna por encima de la otra. En ...
El caso Tlatlaya coloca al presidente Peña Nieto ante el reto de acreditar, sin lugar a dudas, su compromiso y capacidad para garantizar y armonizar dos exigencias esenciales en una democracia constitucional: seguridad y derechos humanos. Ninguna por encima de la otra. En un sistema democrático ambas tienen un carácter definitorio. La falta de seguridad merma la gobernabilidad. La violación de los derechos fundamentales de las personas destruye el orden constitucional. La ecuación se resume, dadas las condiciones de inseguridad y violencia, en un difícil desafío: enfrentar con eficacia al crimen organizado sin pasar por encima de las garantías individuales. Pero este es el mandato de un gobierno en democracia.
México ya pagó los altísimos costos humanos e institucionales de una ecuación distinta, profundamente equivocada, conforme a la cual, en nombre de la guerra contra el narco, se pretendieron minimizar, bajo el eufemismo de “daños colaterales”, graves violaciones al sistema de derechos y garantías constitucionales. Aún no sabemos a ciencia cierta cuántos asesinatos y desapariciones forzadas fueron producto de abusos del poder público; pero hay evidencias de que una parte estuvo relacionada con acciones de miembros de las Fuerzas Armadas. Esto no significa desconocer el valor y prestigio del Ejército y la Marina. Tratar de ocultar sus desviaciones y excesos, en cambio, sí afecta a estas instituciones.
Esto es lo que trataron de hacer el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, y el gobernador Eruviel Ávila, al declarar, erigidos en jueces sumarios, que los 22 muertos de Tlatlaya habían perdido la vida en un enfrentamiento con militares —una versión cada día más inverosímil—, cuando aún no habían concluido las investigaciones ministeriales ni habían iniciado las actuaciones judiciales del caso, en ejercicio de las atribuciones constitucionales respectivas y conforme al debido proceso legal. Pero si la declaración del segundo es un evidente desatino político, la del primero implica la más absoluta distorsión de la naturaleza de su responsabilidad.
Ante las críticas a su gestión, Plascencia sostiene que existe una campaña contra su reelección en la CNDH. Tiene razón. Pero la encabeza él mismo. Su campaña para reelegirse ha buscado construir la imagen de un ombudsman cómodo para el poder público —nada más contrario a la esencia de su función—, al servicio de las autoridades respecto a las cuales debe proteger los derechos humanos, lo que se ha reflejado en una actuación sesgada y negligente, movida por sus cálculos para lograr la reelección. En estas condiciones, la CNDH no le sirve a la sociedad, pero tampoco a un gobierno que, frente a un caso como el de Tlatlaya, requiere credibilidad en su compromiso con la legalidad democrática.
*Socio consultor de Consultiva