Cachetada a Ernestina

Un tema que pasó inadvertido hace un par de semanas fue la regañiza que Ángel Cámara Atristain, juez de Control del Tribunal Superior de Justicia capitalina, les puso a las autoridades que exigían cerrar el caso New’s Divine y dejar impunes a los responsables.

El 20 de junio de 2008, hace casi once años, una acción del Mando Único de la Policía capitalina en un antro juvenil de la GAM dejó nueve adolescentes y tres agentes muertos, además de jovencitas con afectaciones de por vida.

El hecho ocurrió en un antro que tenía orden de clausura, pero que, a su llegada como delegado, Francisco Chíguil ordenó reabrir, a pesar de las múltiples irregularidades, que, a la postre, ocasionaron la tragedia.

Por esos hechos, Chíguil fue acusado de violaciones graves a los derechos humanos, uso ilegal de atribuciones y facultades, lesiones y homicidio, contenidas en las carpetas de investigación CI-FSP/B/UI-B-3C/D/2313/06/2018 y CI-FSP/B/UI-B-3C/D/2314/06/2018.

Él y su entonces secretario de Gobierno, Rafael Bustamante, fueron destituidos del cargo al que —inexplicablemente— Morena postuló ahora en 2018 y, gracias al empuje de Andrés Manuel López Obrador, obtuvo en julio pasado.

El caso permanecía abierto hasta que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, a cargo de Ernestina Godoy, intentó cerrarlo para cancelar toda acción en contra de los acusados, con lo que las víctimas quedarían en estado de indefensión.

En esas estaba la flamante procuradora hasta que se topó con el juez Cámara Atristain, quien regresó a los agentes por donde llegaron y les ordenó rearmar sus carpetas de investigación e ir en contra de los culpables.

Lo menos que les dijo el honrado juez a los enviados de Ernestina es que se pusieran en el lugar de las víctimas y los regañó por haber solicitado la inacción de la justicia en contra de Chíguil y su pandilla.

Les dijo que a ver cómo le hacían, pero que rearmaran el caso, luego de que no pudieron desvirtuar uno solo de los argumentos de quienes representan a las víctimas y que piden hacer justicia.

Y que más valía que trabajaran rápido si no querían que el caso apareciera en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde seguramente condenarían a las autoridades mexicanas.

Aunque el mensaje era para la Fiscalía Central de Servidores Públicos, quien tuvo que registrar el golpe fue Godoy, que en tan solo un trimestre en el cargo ha quedado mal parada en la importante encomienda que le dieron.

La exdiputada salió de Donceles debido a los entuertos que causó al interior de la granja morena en unas cuantas semanas, y fue enviada a la PGJ, donde también, en un corto tiempo, ha ratificado no sólo su ineficiencia, sino su maldad.

Porque eso de dejar desprotegidas a las víctimas de una tragedia, en su mayoría madres y jóvenes, para tratar de exonerar a un alcalde de Morena que debería estar enfrentando la ley, no tiene nombre; rebasa toda decencia política.

La administración de Ernestina ha dado varios tumbos, y el más reciente fue el caso del El Alexis, líder de la Unión Tepito, al que la inteligencia federal capturó y que una juez dejó ir porque no se presentaron más cargos.

Ahora la PGJ busca detenerlo para acusarlo de feminicidio, ¿pues qué no lo podía acusar mientras estaba preso para que la jueza no lo dejara salir? A ver ahora dónde lo encuentran.

CENTAVITOS… Ahora que el acceso a la información pública va caminando bien en la CDMX, algunos cruzan los dedos para que nadie quiera dinamitar los logros, sobre todo porque alguien les dijo que cerca anda un tal Julio Bombas.