Busca Rocha amedrentar a diputados

Si Ricardo Rocha quiere denunciar al Congreso de la Ciudad de México por presunto incumplimiento de contrato, deberá asesorarse muy bien con sus abogados, pues la demanda se le podría revertir.

Ayer, el periodista denunció que su firma fue falsificada en un contrato de arrendamiento de las oficinas que ocupa como director del Canal del Congreso, y presentó como prueba tres peritajes de grafología.

También acusó a la diputada Valentina Batres —¡otra vez el apellido Batres en el manejo de dineros públicos!— de desviar un millón de pesos del canal a Radio Educación, lo cual, asegura, se equipara con el delito de peculado.

El periodista se grabó con su equipo para denunciar ambas cosas, además de enviar un escrito a la Oficialía Mayor para reclamar que, antes del “desvío”, le daban 2.5 millones de pesos.

“Como se requería mi firma, y a sabiendas de que me opondría, decidieron, simple y llanamente, falsificarla”, declaró el aún director del canal.

“Esta desquiciada y gravísima acción”, agregó, “involucra varios delitos constitucionales, administrativos y, por supuesto, penales, que estaremos denunciando ante los tribunales correspondientes”.

De estos supuestos delitos culpa a Batres, a Ricardo Ruiz y al exoficial mayor, Javier González Garza, contra los que amenaza arremeter judicialmente.

Ya encarrerado, involucró a Andrés Manuel López Obrador, a Claudia Sheinbaum y a la secretaria de Gobierno de la CDMX, Rosa Icela Rodríguez, asegurando que intentó advertirles de lo que ocurría en Donceles y no lo pelaron.

“Tal vez soy muy cándido”, dijo, “todavía espero no tener que testimoniar a la doctora Sheinbaum como la gran acaparadora y represora de los medios de comunicación”.

Al Presidente le cuestiona si ésa es la Morena que él quiere.

Rocha amenazó a todos, pero no aclaró si sus denuncias son en calidad de empresario, de periodista o de empleado del Congreso, porque si es siendo empleado, se convirtió en proveedor al contratar a su propia agencia, Detrás de la Noticia, algo que no es legal.

Si acepta que recibía 2.5 millones de pesos, pero que al mismo tiempo tenía una nómina de casi 100 personas, tampoco lo es. Y si la firma del contrato, que fue entregado en su oficina, fue falsificada de alguien de adentro, también será un problema.

El periodista recibió de la ALDF equipo técnico para la operación del canal y lo llevó a sus oficinas privadas, lo cual también es anómalo. Reclama 12 millones de pesos por el pago de renta de sus estudios, pero ni la Asamblea ni el Congreso firmaron contrato alguno.

No puede ser empleado y proveedor.

Si bien presume ser muy eficiente y profesional, es claro que en Donceles no lo quieren más y comete un error al exigir que Sheinbaum y el Presidente intervengan en un asunto del Congreso, pues es un poder autónomo.

Aunque el pleito es con Morena, quiere ver si el panista Mauricio Tabe —quien preside la Jucopo— se intimida y le suelta la lana.

CENTAVITOS

Por cierto, la acusación de que Valentina desvió fondos locales a una instancia federal es un pretexto más para aislarla en Donceles, pues su fracción ya le quitó el control de Comunicación Social, la anuló como interlocutora y va por sus plazas. ¡Ouch!