Quienes dentro del gobierno siguen creyendo que puede seguir gobernándose por la vía del decreto, la imposición y el encontronazo, ayer recibieron otra lección por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Como le hemos venido informando en esta columna, el Senado presentó una controversia constitucional en contra del decreto de Felipe Calderón, que adelantaba el llamado apagón analógico.
La ministra Olga Sánchez Cordero presentó un proyecto en el cual se anula este decreto por considerar que el Poder Ejecutivo está invadiendo facultades que le corresponden a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), no sólo por hacer este decreto sino por pretender involucrar en el tema a las secretarías de Economía y Desarrollo Social.
Este decreto, que es hijo de las imposiciones de Juan Molinar Horcasitas (cuando era secretario de Comunicaciones y Transportes) y quienes formaban su equipo cercano como Gabriela Hernández (que hoy trabaja en GE), Gerardo Sánchez Henkel y el frívolo presidente de la Cofetel, Mony Sacha de Swaan.
La estrategia de defensa —que muchos califican como desesperada ante la situación en que se encontraba— del consejero jurídico de la Presidencia, Miguel Alessio, fue ejercer una muy fuerte presión en contra de los ministros para que dijeran que el Senado de la República no podía presentar esta controversia porque no tenía ningún interés jurídico.
En la columna de ayer fuimos muy puntuales en desbaratar este supuesto argumento que, de entrada, va en contra de la lógica: Cómo no van a tener interés jurídico sobre las leyes quienes se encargan de la creación de leyes.
Ayer se dio una muy tensa votación en la cual se determinó que sí procede la controversia constitucional, es decir, se reafirma lo evidente, que el Senado sí tiene interés jurídico en la materia.
El segundo aspecto también resulta muy relevante: se está esperando el voto del ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia para desempatar la votación y determinar si se trata de una norma o es un acto. La relevancia radica en que si es una norma requiere de ocho votos para invalidar el decreto y si es un acto el decreto se puede invalidar por mayoría simple.
Evidentemente hay una gran presión de Los Pinos sobre Ortiz Mayagoitia para lograr mantener el decreto por la vía de la norma. Hay quienes dicen que esta votación mostrará de qué está hecho el ministro. Hay quienes dan por un hecho que votará en el mismo sentido que el ministro Juan Silva Meza, es decir, que se trate de un acto que pueda ser invalidado por mayoría simple. Mantienen que Ortiz Mayagoitia generalmente vota en el mismo sentido que Silva (especialmente en este tipo de temas) y que el gobierno federal tiene pocos argumentos de presión. Ya fue presidente de la SCJN y se va el año próximo, así que a él realmente no le preocupa la amenaza que algunos han sembrado de que Calderón podría renovar toda la Corte antes de irse.
Muchísimo más allá de la disputa en la SCJN, ha llegado el momento de que las autoridades comprendan que no se puede gobernar y menos en el sector de las telecomunicaciones con manotazos y decretos.
Que ha llegado el momento de tomarse la mano de los concesionarios y trabajar de común acuerdo.
Un salvador
Hay quienes festejan, como si esto implicara algo en particular, que Iván Barona se vaya a reunir hoy con Dionisio Pérez-Jácome para hablar sobre el tema de Mexicana de Aviación. Suponen que esto constituye el rescate de la línea aérea y todo lo demás. Sin embargo, para documentar el pesimismo, es la cuarta ocasión en que Barona se va a una cita para el mismo tema a la Secretaría de Comunicaciones y será la tercera en la que es recibido por el titular. El problema no está dado en la presión, ridícula, que ejercen los sindicatos de Mexicana ni tampoco en que Felipe Consuelo o Gerardo Badín (juez y conciliador del proceso de concurso mercantil) están tratando de culpar a las autoridades federales de sus propias incapacidades. El problema es si Barona o cualquier otro tienen los recursos que se requieren para relanzar a la línea aérea. Eso no se va a lograr por la vía de las juntas o la negociación con la autoridad, sino poniendo el dinero sobre la mesa. Ojalá ya se termine tanto rollo que resulta francamente ridículo y se tomen acciones sobre bases concretas.
Doble trampa
Parecería que Eduardo Bours todavía no acaba de bajarse del ladrillo o está aplicando una de las más descaradas estrategias para eliminar a la competencia. Hace unos meses presentó una denuncia en contra de empresas estadunidenses que exportan piezas de pollo hacia México y exigió a la Secretaría de Economía que aplicara impuestos compensatorios. Bueno, pues una de las empresas que están sujetas a investigación es OK Industries, la cual acaba de ser adquirida por Bachoco, lo cual demuestra que, por la buena o por la mala, Bours está tratando de eliminar a su competencia. Inicia procesos para dificultar la importación y una vez incomodados, les hace ofertas de compra. El final de esta historia será que este hombre monopolice el negocio del pollo en México en detrimento de los consumidores. Lástima que Eduardo Pérez Motta está perdido por su ego.