Una ley sin impacto

La Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores quedó en buenos deseos. Lo que parecía que sería una solución a la mala alimentación en el país –grave problema de obesidad, que representa un costo-país superior a los 67 mil millones de pesos– quedó como un buen anhelo, lejos de frenar la problemática de raíz.

A decir de Hugo Ítalo Morales, especialista en temas laborales, esa reforma quedó rebasada debido a que se politizó, y a que sólo las empresas que ya contaban con un comedor interno y/o daban la prestación, son las que mantienen esta tendencia.

De ahí que para la Secretaría de Salud, bajo el mando de Salomón Chertorivski, la problemática de la alimentación en México no se resolvió con la puesta en vigor de la ley alimentaria, y siete de cada diez adultos y tres de cada diez niños tienen sobrepeso u obesidad. “De no frenar este grave problema, en la próxima década 25% de la población en edad productiva padecerá diabetes”, detalla la dependencia.

Situación que ya representa para México, un costo superior a los 67 mil millones de pesos, al afectar a 285 millones de personas en el mundo, de las cuales más de siete millones son mexicanas.

Aunado a ello, el gobierno federal, bajo el mando de Felipe Calderón, quien emplea el mayor porcentaje de trabajadores, incluidos en el apartado “B” del artículo 123, simplemente quedó fuera de su aplicación.

Aún quedan leyes en stand by, o más todavía, sin efecto, sólo hay que recordar que cuando nació la ley alimentaria estuvo mal constituida, ya que no se conformó como obligatoria, toda vez que hubiera puesto en jaque a gran parte del sector empresarial mexicano, considerando que 98% de éstas son pymes.

Sin embargo, para la Secretaría de Salud, su aplicación, aunque no obligatoria, ha tenido un impacto en concientizar a la población por una alimentación más sana, al igual que para el sector empresarial, en especial para la industria restaurantera que ya aplica menús más saludables. ¿Será?

Finalmente las empresas tienen que cumplir exactamente los mismos requisitos, no hay un beneficio adicional al aplicar la ley, lo cual hubiera sido de gran ayuda para su introducción, de ahí que, afirmó el directivo patronal, es necesario que a esa ley se le hagan modificaciones en el corto plazo, para poder hacerla atractiva en el ámbito empresarial y cumpla con su objetivo central.

A a seis meses de haber entrado en vigor, no ha tenido los resultados esperados, al ser una ley de carácter voluntario.

Sólo esperamos que los señores legisladores y el gobierno federal se alineen en la aprobación de reformas realistas y operativas, de lo contrario, seguiremos viendo tiempo invertido en más leyes no operativas. ¿Será mucho pedir?