La importancia de los rurales

Segunda parte

Varios ex oficiales del Ejército, actuando en calidad de ciudadanos particulares, formaron con veteranos de la guerra unidades de caballería que vendían sus servicios al gobierno federal, como patrullas contra el bandolerismo.

Estas unidades, como el Resguardo del Comercio, del coronel Rafael Cuéllar, y el Cuerpo de Defensores de la Libertad, del coronel Aureliano Rivera, estaban formadas, cada una, por unos 200 hombres y tenían una disciplina y un espíritu de solidaridad superiores a los de los contingentes regulares del Ejército, lo que hacía más eficaces sus actividades.

Generalmente se les empleaba en labores de patrulla en las cercanías de la capital, donde trataban de dar seguridad a los caminos que conducían a Toluca y Cuernavaca. En esa labor tuvieron cierto éxito —aunque, naturalmente, no pudieron eliminar el bandolerismo—. Obtuvieron algunas victorias sobre las bandas de merodeadores que asaltaban y despojaban las recuas de los comerciantes, que del Distrito Federal se dirigían a las provincias. Más tarde, las autoridades trataron de incorporar estas unidades, como se encontraban organizadas, a la nueva fuerza de policía rural recién creada.

El gobierno de Juárez, a pesar de sus medidas provisionales, fue objeto de una constante presión, por parte del público en general, para que procediera inmediatamente contra la plaga del bandolerismo. Para el diario de México, La Independencia era un escándalo que los caminos estuvieran infestados de salteadores, cuyas actividades eran cada vez más intensas y permanecían impunes, sin que se supiera lo que el gobierno pretendía hacer al respecto. La diligencia de México a Puebla del 6 de marzo de 1861, por ejemplo, había sido asaltada tres veces en un solo día.

El presidente Juárez nombró entonces al general Ignacio Zaragoza héroe de Los Constitucionalistas, de indudable lealtad al gobierno para sustituir a González Ortega, como titular del Ministerio de la Guerra, cuando en abril de 1861, Zaragoza llegó a la capital, procedente del estado de Puebla, donde había colaborado en la formalización de un programa para la supresión del bandolerismo.

La experiencia e impresiones obtenidas por Zaragoza, combatiendo a los salteadores de Puebla, fueron el origen de las ideas, cuya culminación fue la creación de la Fuerza Mexicana de Policía Rural, que recibió el nombre de “Los Rurales”. Juárez ya se había dado cuenta de que los estados no podían o no querían organizar sus propias fuerzas efectivas de seguridad, además de que cada vez se convencía de la necesidad de centralizar su gobierno.

El gobierno porfirista dirigió su atención al problema de la seguridad pública, en cuanto logró consolidarse después de la Revolución de Tuxtepec. Al ser licenciados, los 40 mil hombres que participaron en la revuelta, la ciudadanía temió que el bandolerismo resurgiera con nuevo ímpetu, y el mismo Porfirio Díaz, siendo jefe del gobierno interino, expresó temores semejantes en abril de 1877 al dirigirse a la sesión inaugural del Congreso. El nuevo auge del bandolerismo que se esperaba, dijo don Poririo, sería combatido incrementando el cuerpo rural de policía con guerrilleros veteranos de sus propias fuerzas, que serían cuidadosamente seleccionados, y también autorizó a los particulares a integrar unidades de seguridad para actuar en las zonas que los rurales no pudieran vigilar de inmediato.

En el periodo de ajuste político, que siguió a la revolución encabezada por Porfirio Díaz, la mayor parte de los reclutados por los rurales fueron ex guerrilleros que se habían solidarizado con el Plan de Tuxtepec, no por convicción ideológica, sino tratando de obtener ganancias personales. Entre ellos había muchos hombres acostumbrados a vivir licenciosamente y hasta bandoleros declarados. Porfirio Díaz, al igual que sus predecesores, deliberadamente reclutó bandidos para que formaran parte de los rurales, como medio para que abandonaran sus actividades delictuosas en los caminos, pero al evolucionar las condiciones económicas y políticas a lo largo del porfiriato también fueron cambiando las formas de bandolerismo. Así, ya en la última década del siglo, la necesidad social de incorporar bandidos a las fuerzas de policía rural había disminuido grandemente, junto con el poder de las viejas bandas de delincuentes.

Como los rurales no sólo contribuían a la conservación de la paz interior, sino que también  eran un factor de estabilidad política para la dictadura, se les permitía un amplio margen en la interpretación de lo que se consideraba el cumplimiento de su deber. Porfirio Díaz no podía esperar imponer el orden en toda la República con los policías rurales con que contaba, que no llegaban ni a tres mil hombres.

La mayoría de ellos permanecían en la parte central del país, repartidos en las principales vías de comunicación para dar la impresión de estar “por todas partes”, pues los viajeros los veían en gran número, y le decían a los demás. Las fábricas y minas eran vigiladas por destacamentos de cinco a quince hombres, al igual que las grandes haciendas comerciales. En ciertas capitales estatales había unidades mayores que podían  enviar fuerzas donde se presentaran dificultades.

Los rurales tenían órdenes de colocarse siempre en puntos donde todo el mundo los viera, para dar la impresión de que el dictador contaba con grandes recursos para garantizar el orden público. La paz porfiriana —como tal— fue al mismo tiempo un estado mental y un hecho físico.

La ayuda de los rurales era solicitada a veces por algunas dependencias federales. Las cuadrillas de levantamientos topográficos, que trabajaban en zonas remotas necesitaban protección contra los habitantes de la zona que temían, muchas veces con toda razón, que el último de los trabajos fuera despojarlos de sus tierras.

Los empleados del correo solicitaban guardias para escoltar los fondos que tenían que trasladar de los pueblos a los puntos de entrega en ciudades más grandes. Cuando el director de Monumentos Arqueológicos fue a Tlalnepantla para trasladar al Museo Nacional de la capital una importante escultura antigua, se le asignó una escolta de seis rurales, que se ocuparon de sofocar las fuertes protestas del público local, poco dispuesto a perder una reliquia de su pasado. La Comisión Federal de Aguas, encomendaba a miembros de los rurales el acopio de datos topográficos en las regiones, donde generalmente prestaban servicios, y era normal que Hacienda pidiera la colaboración del cuerpo para vigilar los edificios donde se guardaban fondos públicos.

Los rurales eran la fuerza de escolta más conocida y digna de confianza del país. Daban servicio al presidente y otros personajes y custodiaban a los presos cuando se les trasladaba de una jurisdicción a otra, aunque los reglamentos prohibían que condujeran mujeres prisioneras, evidentemente porque el inspector general comprendía ciertas debilidades de sus subordinados.

La fuerza de los rurales no oprimía a los peones del campo mexicano ni arbitraria ni sistemáticamente, pero don Porfirio no toleraba en el campo ningún desorden que pudiese turbar la tranquilidad de la nación. Siempre que los trabajadores agrícolas descontentos protestaban activamente, la policía rural arrestaba a sus dirigentes y obligaba a los demás a regresar a sus ocupaciones.

Los rurales también ayudaron a sofocar las revueltas que hubo en 1899 en Tlaxcala, cuando los indígenas se negaron a atacar las disposiciones oficiales sobre la tierra. Tratando de escapar de las horribles condiciones en que vivían como trabajadores de las haciendas, los peones a veces se hacían bandoleros; los miembros de la policía rural los perseguían entonces, como a todos los demás delincuentes, pero sin que ello significara que les tuviera una inquina especialmente discriminatoria.

La política porfirista, de fomentar tanto la explotación de la mano de obra indígena como de las tierras pertenecientes a las comunidades campesinas, producía muchas y graves penalidades a la clase baja de México. Los rurales tenían que imponer el programa oficial —condujeron a muchos infelices indios yaquis y mayas despojados de sus tierras a trabajar casi como esclavos en las plantaciones de Yucatán y del Valle Nacional, en Oaxaca—, pero por lo general no eran ni arrogantes ni deliberadamente crueles, cuando se les encargaban misiones de esta clase. Se limitaban a cumplir lo que se les ordenaba, sin que esto fuera expresión de ningún actitud de tipo social. El mismo carácter tuvieron las intervenciones de los miembros del cuerpo en la represión de los obreros fabriles.

Ciertos destacamentos de los rurales se comportaron de manera bastante moderada al reprimir los dos desórdenes más graves ocurridos durante el porfiriato, por lo que hay que reconocerles mérito especial: el alzamiento de Cananea, Sonora, en 1906, y la temeraria huelga de Río Blanco, al año siguiente.