Violencia: de Londres a Torreón

Desde Londres llega el diagnóstico fatídico: la mitad de México es “zona de riesgo”. Es la imagen que en el mundo se tiene del país, mientras en Torreón se avala que la violencia ha entrado ya en una espiral de terror colectivo que nos lleva, inevitablemente, a la pregunta obligada: ¿qué sigue?

La violencia fuera de control ha borrado las fronteras de lo imposible, de lo inimaginable. De la escena insólita donde cientos huyen sobre una cancha de futbol ante el tableteo de armas de alto poder, al ataque de pánico masivo que manifiesta síntomas de una lucha que, al menos en su intención de reforzar la percepción de brindar mayor seguridad, se está perdiendo.

Poco le duró el gusto cumpleañero al presidente Calderón. No había recibido el último abrazo cuando le reportaban lo ocurrido en el estadio del Santos de Torreón. Un golpe demoledor a la imagen de un país sacudido por la violencia, estremecido por el miedo de las masas.

No se puede hablar de ganar una batalla cuando en Acapulco han ejecutado a 42 taxistas (Reforma, 21/VIII/2011) y al turismo se le advierte: por su seguridad, no salgan después de las diez de la noche. La vida nocturna de la joya turística del país agoniza sin remedio.

Y muere también en Cuernavaca, en Monterrey, en Chihuahua y en infinidad de otras ciudades.

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido le entrega al mundo un reporte triste y sombrío: quince estados mexicanos están clasificados como “zonas de riesgo”, donde, en el último año, se han incrementado la violencia y el crimen organizado. Chiapas y Oaxaca son declaradas “inseguras” por conflictos políticos.

“Lo ocurrido en Torreón es una llamada de atención”, dice el vocero de (in)seguridad federal, Alejandro Poiré. Se queda corto. Es el reflejo del fracaso de los tres niveles de gobierno en el propósito de tener un país más seguro o, al menos, no tan violento.

Rechaza Poiré que sea con una “tregua” con los criminales como se alcanzará la paz. ¿Y quién ha pedido tregua? Revisar y cambiar la estrategia es lo que se ha planteado. Y que no nos salgan con la cantaleta de que nadie ha propuesto un plan diferente.

Cuando en el Campo Marte se convocó a la sociedad civil a presentar alternativas anticrimen, Eduardo Gallo planteó discutir la legalización del consumo de la mariguana —descriminalizar su uso personal, han propuesto los ex presidentes César Gaviria, Ernesto Zedillo y Fernando Henrique Cardoso—. ¿Qué ocurrió? El aparato de gobierno se le echó encima a Gallo y no dio entrada, siquiera, a la opción de discutir el tema.

“Vamos ganando la batalla”, dijo entonces Calderón. A eso se resumieron los foros del Campo Marte: a escuchar un concepto presidencial triunfalista.

¿Para qué diablos piden opciones si, cuando se les plantea alguna, ni discutirla quieren?

Pero no nos equivoquemos: no es la “guerra de Calderón”.

En Coahuila falló, en materia de seguridad, el gobierno de Humberto Moreira. Fallaron también alcaldes y jefes policiacos. La Comarca Lagunera es disputada por los cárteles de la droga, ante la indiferencia de gobiernos locales.

En Guerrero falló el gobierno del PRD encabezado por Zeferino Torreblanca, y extendido en su desgracia por el priista-perredista-panista Ángel Aguirre. Acapulco se ha perdido ante la apatía del presidente municipal priista, Manuel Añorve. Poco o nada han hecho.

En Morelos fallaron el gobierno panista de Sergio Estrada Cajigal —manchado por la sospecha de vínculos con el narcotráfico— y el de Marco Antonio Adame.

En Nuevo León falló el gobierno priista de Rodrigo Medina. Monterrey y sus alrededores se incluyen en esas “zonas de riesgo” diagnosticadas por el gobierno británico. Es frecuente observar camionetas negras con vidrios polarizados y armas largas saliendo, amenazantes, ante la impotencia de policías o miedosas o compradas.

En Tamaulipas, Chihuahua y Durango fallaron, respectivamente, los gobernadores Eugenio Hernández —a quien se le está abriendo expediente por su sospechosa pasividad contra el crimen organizado—, José Reyes Baeza y César Duarte —mudo, ciego y sordo tras el asesinato de Marisela Escobedo hace más de ocho meses—, e Ismael Hernández Deras, quien permitió que la tierra duranguense se convirtiera en santuario del narco. Los tres son del PRI.

No, no es “la guerra de Calderón”.

Es la guerra de todos, incluidos gobernadores, alcaldes, policías y medios. Y es una responsabilidad de las televisoras informar.

No, no es “la guerra de Calderón”.

Es la guerra que todos —de alguna manera— hoy estamos perdiendo.

            Twitter: @_martin moreno