El candidato ganador de las elecciones en Colombia no es de derecha, sino de ultraderecha en el tema que más preocupaba a los electores de ese país, es decir, la seguridad.
Con toda razón, a los colombianos les inquietaba la expansión de grupos armados, la criminalidad urbana y violencia rural. Si bien durante el actual gobierno de Gustavo Petro (2022-2026) la tasa de homicidios mostró una reducción moderada respecto a años anteriores, se incrementaron los integrantes de los grupos armados, se expandió el territorio bajo su influencia o control y se notó una mayor capacidad económica y militar.
En muchas de las regiones afectadas, los grupos armados comenzaron a ejercer funciones de facto imponiendo reglas de movilidad, cobrando extorsiones, cultivando coca, regulando actividades ilegales e influyendo en elecciones locales y autoridades comunitarias.
Es una historia que nos suena familiar a los mexicanos.
Petro intentó poner fin a la violencia armada en Colombia mediante el plan Paz Total. Su objetivo era transformar el conflicto con diálogo, inclusión social y sometimiento a la justicia. La política se formalizó en una ley que convirtió la paz en política de Estado otorgando al gobierno facultades para negociar con distintos actores armados.
Petro promovió ceses al fuego bilaterales, mesas de negociación, participación de comunidades locales, incentivos para la desmovilización y programas de desarrollo territorial y seguridad humana.
Sin embargo, Paz Total no funcionó. Muchos grupos armados no se desmovilizaron. Varias negociaciones se estancaron. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC continuaron operando. Las organizaciones armadas se expandieron y aumentó la extorsión, secuestro, reclutamiento forzado y narcotráfico.
En este contexto se dio la elección presidencial de 2026, donde el tema central fue la seguridad. El debate dejó de ser “¿cómo alcanzar la paz?” para convertirse en “¿cómo recuperar el control territorial del Estado?”.
Apareció un candidato outsider más a la derecha de la derecha tradicional colombiana, Abelardo de la Espriella, quien hizo de la seguridad el eje central de su campaña.
Su propuesta es de ultraderecha.
Primero, con el fin de recuperar el control territorial en 90 días, quiere una versión recargada (“2.0” la llama él) de lo que fue “Seguridad Democrática”, el programa del presidente Álvaro Uribe (2002 y 2010), quien incrementó significativamente el gasto militar, expandió del Ejército y la Policía, realizó operaciones ofensivas permanentes contra las FARC y el ELN, recuperó carreteras y municipios bajo influencia guerrillera y fortaleció la inteligencia militar. Todo esto con la cooperación estrecha con Estados Unidos mediante el Plan Colombia.
Segundo, De la Espriella quiere copiar las políticas del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien construyó el Centro de Confinamiento del Terrorismo, una enorme prisión diseñada para albergar a decenas de miles de prisioneros. De la Espriella ha prometido edificar diez megacárceles de este tipo, con máxima seguridad, donde los criminales queden completamente aislados y así impedir que sigan dirigiendo operaciones desde la prisión.
Tercero, en cuanto al tema del narcotráfico, el próximo presidente de Colombia ha prometido destruir 330 mil hectáreas de coca mediante fumigación aérea, erradicación manual, persecución financiera de los narcotraficantes, extradiciones y extinción de dominio acelerada. Todo ello con un nuevo Plan Colombia que incluya drones e inteligencia artificial.
De la Espriella, obviamente, terminará con la política de Paz Total de Petro, suspendiendo las negociaciones con grupos armados ilegales.
Lo de la militarización de la lucha en contra de los criminales también nos suena familiar a los mexicanos. Es lo que se hizo durante los sexenios de Calderón, Peña y López Obrador con muy malos resultados.
De la Espriella ahora lo adereza con las soluciones que funcionaron en El Salvador con un costo altísimo para los derechos humanos. Pero hay una “pequeñísima” diferencia. Bukele gobierna un país de 6.4 millones de habitantes, donde el problema eran organizaciones criminales urbanas (MS-13 y Barrio 18). Colombia, en cambio, tiene una población de 64 millones con guerrillas de motivación política, como el ELN y disidencias de las FARC, poderosos cárteles de narcotráfico, grupos paramilitares y bandas regionales.
El entorno colombiano es mucho más difícil y extenso territorialmente que el de El Salvador.
La ultraderecha ha ganado la Presidencia en Colombia. Enfrentará un reto gigante. Vamos a ver qué tantas de estas promesas de ultraderecha se hacen realidad en un país muy polarizado.
X: @leozuckermann