San Lázaro cierra primer periodo de sesiones marcado por la improductividad
En el arranque de la actual Legislatura, la Cámara de Diputados únicamente aprobó 19 dictámenes, la mayoría correspondientes al Paquete Económico del próximo año

CIUDAD DE MÉXICO. La Cámara de Diputados cerró el primer periodo de sesiones de la 65 Legislatura marcado por la improductividad.
Los legisladores, quienes son los primeros en llegar por reelección, dedicaron sus esfuerzos en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, el 14 de noviembre, recibir iniciativas, efemérides, realizar nombramientos y negociar la iniciativa de Reforma Eléctrica del jefe del Ejecutivo.
Desde el inicio de la 65 Legislatura únicamente se aprobaron 19 dictámenes, la mayoría correspondientes al Paquete Económico 2022.
La Cámara de Diputados frenó de último momento el paquete de iniciativas de reforma a 29 artículos de la Constitución en materia de igualdad sustantiva.
El dictamen de la legislatura pasada contemplaba 50 iniciativas, una de éstas del exdiputado Porfirio Muñoz Ledo, que establecía el reconocimiento a la autonomía reproductiva, y que abría el camino a la interrupción legal del embarazo.
Dentro del paquete se incluía la igualdad salarial, el lenguaje incluyente, la paridad de género en nombramiento de servidores públicos, erradicar estereotipos de género, el reconocimiento de las personas intersexuadas, así como perfilar el matrimonio entre parejas del mismo sexo.
REFORMAS DE IMPACTO
Sin los niveles de productividad mostrada en 2019 y 2020, cuando se concretaron reformas constitucionales en política social, austeridad y Guardia Nacional, 2021 registró en la Cámara de Diputados el logro de haber regulado la subcontratación.
Se trata de una de las aportaciones legislativas relevantes de este año que termina, junto con la conclusión en San Lázaro del proceso parlamentario que dio paso a la Ley Olimpia, la cual se había originado aquí, pero fue devuelta por el Senado desde 2020 con cambios significativos.
La reforma al outsourcing o subcontratación fue impulsada por el gobierno federal e incluso cabildeada desde Palacio Nacional por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador.
Una vez que el mandatario concretó el consenso con diversos representantes empresariales, el dictamen tuvo como Cámara de origen el pleno de San Lázaro, durante el último año de la 64 legislatura que concluyó en agosto.
Aprobada por los diputados en abril, la reforma en materia de subcontratación es uno de los cambios jurídicos más relevantes del México moderno por el impacto que tendrá en el mercado laboral.
Se trató de un dictamen que modificó las leyes Federal del Trabajo; del Seguro Social; del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; el Código Fiscal de la Federación; la del Impuesto sobre la Renta; del Impuesto al Valor Agregado; y la Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Morena defendió esta reforma como una vía para concretar los derechos de trabajadores que no cotizaban en la seguridad social ni accedían al reparto de utilidades y a prestaciones diversas.
Se consideró entonces que la regulación del outsourcing frenaría en México la precarización del trabajo, tendencia que había generado un incremento de la explotación laboral, el uso de factureras y la evasión fiscal.
También en abril, los diputados avalaron el dictamen que se originó en el Senado para expedir la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación. En este paquete se incluyó el posteriormente descarrilado artículo décimo tercero transitorio que ampliaba el mandato del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar.
LA LEY OLIMPIA
En ese periodo, los diputados aprobaron la Ley Olimpia, como se le conoce a la reforma que penaliza diversas conductas de acoso y violencia digital contra las mujeres, imponiendo hasta 6 años de cárcel por difundir imágenes de contenido íntimo y sexual sin el consentimiento de la persona implicada.
Fue una jornada histórica la del 29 de abril, cuando casi por unanimidad, con sólo un voto en contra, 446 legisladores les dieron el visto bueno a los cambios al Código Penal y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que en noviembre de 2020 había aprobado el Senado con ajustes que la Cámara de Diputados debía asumir.
En San Lázaro acamparon ese día activistas del movimiento feminista, entre ellas Olimpia Coral, promovente y víctima de acoso digital, quien sería posteriormente invitada al pleno el 25 de noviembre como oradora especial en la conmemoración del Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
En 2021, la Cámara de Diputados consiguió hacer modificaciones que grupos de víctimas reclamaban para garantizar su participación en los nuevos procedimientos que se definieron en la también aprobada en abril Ley de la Fiscalía General de la República.
SIN REFORMAS
Para el caso de la 65 legislatura que inició sus actividades el primero de septiembre, aún no se dieron reformas constitucionales importantes, destacando hasta ahora la expedición de la Ley Federal de Revocación de Mandato, cuyos principales cambios se elaboraron en el Senado y que ahora se encuentra impugnada por la pregunta.
En octubre, el pleno de los diputados consiguió mayoría para el dictamen que crea la Ley Orgánica de la Armada de México que otorgó legalmente a la Secretaría de Marina facultades para el control de los puertos.
Sin embargo, faltó el consenso suficiente y la oposición presentó ante la SCJN una denuncia de que ésta es parte del proceso de militarización del país. El 8 de diciembre, la ministra Yasmín Esquivel admitió a trámite esa acción de inconstitucionalidad promovida por las bancadas del PAN, PRI, PRD y MC, pero sin darle el carácter prioritario que solicitaban.
El consenso sí fue posible el 9 de diciembre para establecer la obligación de las autoridades de los tres niveles de gobierno para tomar medidas que prohíban la distribución gratuita y la venta de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico a niñas, niños y adolescentes en las escuelas de educación básica públicas y privadas del país.
Con 492 votos, el pleno avaló los cambios a la fracción VIII del artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y que procede de un dictamen que se venía trabajando desde la anterior legislatura, a propuesta de Verónica Juárez y Claudia Domínguez.
Para 2022, la 65 legislatura espera retomar la productividad de cambios constitucionales consolidando las reformas eléctrica y electoral, como este domingo lo auguró el diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en San Lázaro.
cva
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