Ciudadanización de las elecciones en México cumple 24 años

CIUDAD DE MÉXICO.

Era la noche del 6 de julio de 1988, tres candidatos presidenciales de la oposición, Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel J. Clouthier y Rosario Ibarra de Piedra, dejaron de lado sus diferencias ideológicas, se tomaron de los brazos y fueron a tocar las puertas de la Secretaría de Gobernación (Segob); nunca les abrieron. 

En aquellos años, las elecciones las organizaba y calificaba el propio gobierno, a cargo del entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, quien presidía la Comisión Federal Electoral (CFE). En esos comicios, como Excélsior lo documentó, “se cayó” el sistema de cómputo y los resultados tardaron días en conocerse. 

El 13 de julio de 1988, Bartlett anunciaría que el ganador era Carlos Salinas de Gortari (PRI), con el 50.36% de los votos, seguido de Cuauhtémoc Cárdenas (PMS, PPS, PARM, PFCRN) con 3l.12%; Manuel J. Clouthier (PAN) 17.07%; Gumersindo Magaña (PDM) 1.04%; y Rosario Ibarra de Piedra (PRT) con 0.2%. 

Al unísono los candidatos de oposición denunciaron fraude. El viejo sistema electoral mexicano, que por 71 años había sido operado y controlado férreamente por el gobierno, tenía el tiempo contado. Tres años más tarde, surgiría el Instituto Federal Electoral (IFE). 

Una vez terminada la Revolución, la Constitución de 1917 instituyó la Junta Empadronadora, las Juntas Computadoras Locales y los Colegios Electorales, como los organismos del gobierno encargados de organizar y calificar los procesos para elegir al Presidente de la República, diputados, senadores, gobernadores y alcaldes. 

En 1946, el presidente Manuel Ávila Camacho promulgó la Ley Federal Electoral, con lo que se creó la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, conformada por el secretario de Gobernación y otro miembro del gabinete, un diputado, un senador y dos representantes de los partidos políticos con mayor relevancia. De igual forma, la ley ordenó la creación de comisiones electorales locales y el Consejo del Padrón Electoral. 

En 1973, en el gobierno de Luis Echeverría desapareció la Comisión Federal de Vigilancia Electoral y, en su lugar, el Congreso de la Unión aprobó la creación de la Comisión Federal Electoral. En este órgano participan ya con voz y voto los representantes de todos los partidos políticos con registro legal, pero el gobierno mantenía el control del organismo. 

Así, en 1977, la CFE quedó conformada por el secretario de Gobernación, un representante de cada una de las cámaras legislativas, dominadas en un 95% por el PRI, y un representante de cada partido político con registro y un notario público. 

Las elecciones de 1988 representaron un llamado de atención al gobierno. El régimen de partido único estaba agotado. Ese año, por primera vez en la historia, un partido de oposición, el PAN, obtenía 101 de 500 diputados federales. Y por primera vez, en el Senado, de un total de 64 escaños había cuatro para senadores de oposición, postulados por la coalición PPS, PARM y PFCRN. 

El viejo sistema electoral mexicano no resistiría nuevas elecciones competidas, por lo que desde la sociedad civil y el Congreso de la Unión se empezó a idear la creación de una institución autónoma que organizara y calificara las elecciones: el Instituto Federal Electoral (IFE). 

En 1990, como resultado de las reformas realizadas a la Constitución, el Congreso de la Unión expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) y ordenó la creación del Instituto Federal Electoral (IFE), a fin de contar con un organismo imparcial que diera certeza, transparencia y legalidad a las elecciones federales. 

El Consejo General del IFE estaba compuesto por el presidente, que era el secretario de Gobernación; 6 consejeros magistrados, personalidades sin filiación partidista con una sólida formación académica y profesional en el campo de derecho, propuestos por el Presidente de la República y aprobados por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados. 

El Consejo General también estaba integrado por el director y el secretario general del instituto; dos diputados y dos senadores, representantes de los dos grupos parlamentarios más numerosos en cada cámara y un número variable de representantes partidistas que se fijaba de acuerdo con los resultados que obtuvieran en la última elección. 

En 1994, la reforma electoral aprobada instituyó la figura de “consejeros ciudadanos”, personalidades propuestas por las fracciones partidistas en la Cámara de Diputados y electos por el voto de las dos terceras partes de sus miembros sin considerar la profesión o título que poseyeran. 

En 1996 el Congreso de la Unión realizó una nueva reforma electoral al aprobar la modificación del artículo 41 constitucional y un nuevo Cofipe, por lo que se reforzó la autonomía e independencia del IFE al desligar por completo al secretario de Gobernación de su integración y se reservó el voto dentro de los órganos de dirección para los consejeros ciudadanos. 

Se estableció en nueve el número de miembros del Consejo General con derecho a voto, incluido su presidente, y un secretario ejecutivo sólo con derecho a voz, así como representantes de cada partido político sin derecho a voto. 

José Woldenberg, primer consejero ciudadano presidente del IFE (1997-2003) comentó en 2012 que el sistema político mexicano, distaba mucho de ser el régimen autoritario que fue hasta la década de los 80 del siglo pasado, y la sociedad ya no permitiría un retroceso. 

“La transición es un hecho del pasado, sucedió, insisto, del 77 al 96-97, y eso es lo que permitió la alternancia en el Poder Ejecutivo, no a la inversa”, apuntó en entrevista con Excélsior el 15 de octubre de 2012. 

“La alternancia está en el código genético de la democracia, y creo que nos tenemos que empezar a acostumbrar a que los fenómenos de la alternancia se van a dar una y una y otra y otra vez. El mecanismo ya está hecho y los humores públicos suelen ser cambiantes”, agregó. 

También en 1996, a partir de la reforma a la Constitución, se creó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que calificaría los procesos electorales validados por el IFE, a través de sentencias de carácter irrevocable. 

A iniciativa de los partidos de oposición, principalmente PAN y PRD, a fin de restringir la injerencia que los gobiernos locales en los institutos electorales estatales, en 2014 se crea un nuevo organismo electoral, de carácter nacional, con responsabilidades reglamentarias sobre las autoridades electorales de cada entidad. 

La reforma constitucional publicada el 10 de febrero de 2014 transformó al IFE en Instituto Nacional Electoral (INE), a fin de homologar los estándares con los que se organizan los procesos electorales federales y locales. 

Además de organizar los procesos electorales federales, el INE se coordinaría con los organismos públicos locales electorales para la organización de los comicios en las entidades federativas. 

Actualmente, el Consejo General del INE se compone de 11 ciudadanos elegidos por la Cámara de Diputados. Uno de ellos funge como consejero presidente y los 10 restantes como consejeros electorales, mientras que los partidos políticos tienen representantes, pero sin derecho a voto. 

El Consejo General del INE designa a los consejeros de los organismos electorales locales y puede asumir funciones que le corresponden a dichos institutos en los casos que la ley prevea. 

En las últimas semanas, legisladores de Morena han declarado que después de las elecciones habrá una reforma electoral para modificar al INE, y se han escuchado voces que proponen regresar al esquema de la década de 1970 cuando el gobierno organizaba y tenía el control de los comicios.