Advierten rotura de la equidad política; Díaz Santana señala causas

El exfiscal electoral afirma que no hemos podido dar en el punto para que haya condiciones parejas en las contiendas

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Héctor Díaz Santana, expresidente de la entonces Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales

Héctor Díaz Santana, expresidente de la entonces Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade), aseveró que en México se está rompiendo la equidad de las campañas políticas, porque las personas interesadas en obtener un cargo público superior tienen ciertas ventajas para promoverse.

“Por ejemplo, puedes tener un gobernador de Baja California que un día se vaya a Yucatán y diga ‘yo tengo una política pública exitosa en mi estado’. Ese es el pretexto que se puede utilizar”, dijo.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, expresó que en otros casos, en otros países, hay empresarios que tienen puertas cantidad de recursos y que años previos a las campañas están gastando en su imagen personalizada y de cierta manera tienen una exposición pública.

“Esto viene a afectar las condiciones de competencia política y en la población genera una especie de confusión”, dijo.

–¿Hay violación a la ley los que han manifestado sus intenciones de ser candidatos presidenciales?

– Un asunto de esta naturaleza hay que verlo bajo 3 escenarios. Uno material, otro normativo y uno jurisdiccional. Si una persona tiene aspiraciones a un cargo superior y anda los fines de semana promocionándose, con pintas de bardas, pues por supuesto que está haciendo un acto para tratar de tener el mayor número de electores y en sentido material sí están haciendo actos con los cuales rompen la equidad de la competencia política, porque  están teniendo una claras ventajas que otros no tienen.

“México es uno de los países del mundo que tienen una normatividad muy extensa, pero no hemos podido dar en el punto exacto de cómo regular las campañas políticas, porque la norma dice que los actos anticipados de campaña se consideran desde el inicio del proceso electoral, hasta la etapa de campaña electoral, es decir, en México el proceso electoral inicia en septiembre.

“En el sentido jurisdiccional el Tribunal Electoral, de cierta manera, ratifica lo que dice la ley y en ese sentido asevera que el tiempo es el que puede determinar si hay un acto anticipado de campaña.

“La parte dogmática de la ley es que quiere regular campañas equitativas, pero eso es lo que se está rompiendo porque no existe una equidad de esta naturaleza en México.

–¿Dónde se está rompiendo la equidad?

–Generalmente, las personas que tienen cargos públicos tienen cierta ventaja, porque su desempeño público les permite tener cierto tipo de flexibilidad y andar haciendo cierto tipo de promociones. Por ejemplo, puedes tener un gobernador de Baja California que un día se vaya a Yucatán y diga ‘yo tengo una política pública exitosa en mi estado’. Ese es el pretexto que se puede utilizar.

“En otros casos, en otros países, hay empresarios que tienen cierta cantidad de recursos y que años previos a las campañas están gastando en su imagen personalizada y de cierta manera tienen una exposición pública.

“Esto viene a afectar las condiciones de competencia política y en la población genera una especie de confusión. El problema es que aunque hemos tenido hasta 8 etapas de reformas electorales no hemos podido dar en el punto para que haya condiciones equitativas en las contiendas.

“En México, el artículo 41, que regula la competencia electoral es extensísimo y el 134 para interpretarlo es muy complejo. Por ejemplo, en materia de delitos electorales es una ley que tiene 25 artículos y que de éstos hay 2 mil 300 figuras delictivas diferente y no son las que se necesitan.

“Por ejemplo, El Bronco usó recursos para promover su imagen sin siquiera ser candidato y no pudo sancionarse porque no estaba dentro de los tiempos y por ello muchos juegan en el filo de la ley, pero una persona que utilice recursos del Estado para promover su imagen, a lo mejor por el momento no puede cometer un delito electoral, pero puede malversar los recursos públicos.

¿Qué pasó con la mañanera? El Presidente llamó a votar a favor de su proyecto; el jueves de plano dijo que si la gente quería que siguieran los programas sociales ya sabían por quién votar. ¿Podrían caer en un delito electoral?

–No. Como delito electoral sería bastante complejo porque éstos son de estricta aplicación, pero lo que es claro que son actos donde está rompiendo la equidad de la competencia política. Si la ley dice que no hay que promover las actividades con recursos del Estado, lo está haciendo para una presión colateral.

–¿Es sancionable?

–El Tribunal Electoral ya ha tenido denuncias al respecto y ha respondido de manera ecléctica. Por ejemplo, ha dicho que en los estados donde haya campañas no debe pasar la mañanera. Sin embargo, el sentido del artículo 134 no es ése, los anteriores presidentes lo han respetado pero el actual no. Está rompiendo con esos principios.

“Estamos a unos meses del arranque del proceso electoral y hay que darle certeza, confianza a toda la ciudadanía y estas expresiones no ayudan. Legalmente o normativamente es muy complicado. No estoy seguro hasta dónde el Tribunal Electoral puede sancionar al Presidente.”

 

“Una locura, elegir a los ministros”

Como “una locura” calificó la exconsejera presidenta del Instituto Federal Electoral (IFE), María Marván, la propuesta de los diputados de Morena para hacer una consulta popular en el mes de agosto del próximo año para decidir si los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deban ser elegidos por el voto popular.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio, la también Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dijo que “el contenido de la propuesta, la verdad es una locura, ningún país escoge a los ministros de su tribunal constitucional por voto popular y secreto”.

Argumentó que quienes defiendan esta propuesta, van a decir que en Estados Unidos sí se escogen de esta manera a los jueces, pero aclaró que “son jueces menores, de condado”.  Afirmó que “no hay ningún tribunal constitucional que se elija por voto popular”.

De la Redacción