Una iniciativa estéril (y absurda)

El asalto al Capitolio en Washington del pasado 6 de enero tiene a dos países discutiendo consecuencias. El primero, desde luego, Estados Unidos. La tarde de este martes, senadores declararon constitucional someter a Donald Trump a un segundo juicio político. Los republicanos argumentaron que, al ya no estar en funciones, no había viabilidad jurídica para el proceso. Lo intentaron. El Congreso estadunidense decidirá si es culpable de incitar a la insurrección en el mitin previo al momento en que la turba ingresó al recinto, hechos por los que murieron cinco personas. Eso allá.

El otro país, chin, el nuestro. Y no es consecuencia directa, lo que aquí tenemos es un efecto colateral, tal vez improvisado, que surgió por la ola de cancelaciones de las redes sociales de Donald Trump tras aquel asalto y de la idea de “libertad de expresión vulnerada”. Aquí, más que constitucionalidad, lo que debatimos es pies y cabeza de una iniciativa que, sin precedentes, se impulsa en el Legislativo. La propuesta anunciada por Ricardo Monreal es casi de risa.

Los puntos, resumidos: sólo tomará en cuenta a las redes sociales relevantes, para esto, define a éstas como las que tienen más de un millón de usuarios o suscriptores; para operar en México, Facebook, Instagram, TikTok y Twitter deberán contar con un permiso del Instituto Federal de Telecomunicaciones (que a lo mejor así se salva de la tijera que en Palacio Nacional quieren pasar a órganos autónomos); sería también el IFT el que se encargue de dirimir diferencias entre la empresa y el usuario al que se le canceló una cuenta; las redes podrán suspender publicaciones o perfiles si considera que se violaron los términos y servicios, que a su vez deben ser aprobados por el IFT.

La cancelación deberá estar respaldada por una resolución emitida por un área especial que las compañías deberán crear con especialistas en derechos humanos y libertad de expresión; la suspensión definitiva sólo tendrá lugar si la cuenta se utilizó para difundir mensajes de odio, noticias falsas o se incitó a cometer un delito, a perturbar el orden público o a afectar a menores de edad; los involucrados tendrán 24 horas para impugnar la cancelación; el IFT recibirá las quejas de los usuarios que argumenten que se violó su libertad de expresión; finalmente, si se demuestra que las empresas se pasaron de lanza con sus sanciones, serán acreedoras de una, ésta económica, por un monto mayor a 89 millones de pesos.

Lo anotamos aquí hace unos días: debates estériles, pero que hacen mucho ruido. No hay manera de que esta iniciativa encuentre sustento. Coincidencia que su presentación haya sido al mismo tiempo que en EU inició el segundo juicio político. Entretenimiento puro y llano, cuando México no encuentra salida a la pandemia.

Ayer sumamos mil 701 muertes por covid-19, los contagios también se suman por miles, ya no hay entidad en el país que presuma el color verde en el semáforo epidemiológico. Además, responden en Palacio Nacional, que no hay manera de redirigir presupuesto al combate a la emergencia, que importan más los megaproyectos… o las absurdas regulaciones.