Este viernes, tras menos de 10 horas de juicio político, los 44 senadores de Paraguay votaron por unanimidad la destitución de Santiago Peña. El Congreso ya le había rechazado la renuncia, que lo habría hecho senador vitalicio, con fuero. Pidió 72 horas para defenderse; le dieron media hora. Esa noche la Fiscalía lo detuvo en su casa mientras Pedro Alliana juraba como presidente. El expediente se llama Ueno Bank, el banco digital del Grupo Vázquez, socio de Peña hasta marzo de 2025. Al llegar al poder puso al frente del banco central a Carlos Carvallo, que venía de dirigir ese banco. El martes lo intervinieron por insolvencia. Casi tres millones de clientes quedaron con las cuentas congeladas, y adentro había unos 850 mdd públicos, 380 de jubilaciones.
Peña no inaugura nada. Paraguay ya condenó a Luis González Macchi por enriquecimiento ilícito, y Horacio Cartes, padrino de Peña, tiene sanciones de Washington por corrupción. Perú tiene una cárcel, Barbadillo, casi reservada para expresidentes. Alberto Fujimori fue condenado también por corrupción; Alan García murió en 2019 cuando la policía llegó a detenerlo; Alejandro Toledo purga más de 20 años por Odebrecht; Ollanta Humala recibió 15 por lavado hasta que en julio el Constitucional anuló el proceso; Pedro Pablo Kuczynski espera juicio por colusión; Martín Vizcarra tiene 14 años por cohecho, y Dina Boluarte arrastra más de una docena de investigaciones. En Ecuador, Rafael Correa no cumple ocho años por cohecho porque vive en Bélgica, Jamil Mahuad fue sentenciado en ausencia por peculado, Abdalá Bucaram huyó a Panamá acusado de malversación y en agosto Lenín Moreno recibió cinco años por los sobornos de Sinohydro. Bolivia detuvo a Luis Arce por el desfalco del Fondo Indígena. Carlos Menem, condenado por sobresueldos y contrabando de armas, siguió de senador. Cristina Fernández cumple seis años de prisión domiciliaria por Vialidad. Fernando Collor renunció en 1992 ante la destitución, volvió como senador y en 2023 fue condenado por sobornos. Michel Temer pisó la cárcel unos días. Lula pasó 580 días preso, le anularon las sentencias y en 2022 volvió a ganar. Carlos Andrés Pérez fue destituido en 1993 y Salvador Jorge Blanco, condenado en República Dominicana.
Guatemala encarceló a Otto Pérez Molina y procesó a Álvaro Colom; Alfonso Portillo cumplió condena en EU por lavado. El Salvador condenó a Antonio Saca y a Mauricio Funes, que murió asilado en Nicaragua. Arnoldo Alemán recibió 20 años, anulados en plena alianza con Daniel Ortega. Costa Rica sentenció a Rafael Ángel Calderón y Panamá a Ricardo Martinelli, hoy asilado en Colombia. Juan Orlando Hernández, condenado en Nueva York por narcotráfico, salió libre por un indulto de Trump. Fuera de la región están Chirac y Sarkozy, Park Geun-hye y Lee Myung-bak, Chen Shui-bian, Jacob Zuma, Gloria Macapagal y Joseph Estrada, a quien indultaron y luego eligieron alcalde de Manila. México no aparece. Ningún expresidente ha sido procesado por corrupción, y la consulta de 2021 sobre los expresidentes apenas atrajo a 7% del padrón. Dejo fuera, a propósito, causas de otra naturaleza. Pedro Castillo y Jair Bolsonaro fueron condenados por intentonas golpistas; Jeanine Áñez, por cómo asumió el poder en 2019. Álvaro Uribe fue condenado y luego absuelto por manipular testigos. Gustavo Petro dejó el cargo con investigaciones preliminares que no llegan a proceso.
¿Por qué roban? Porque pueden. Un presidente nombra al regulador que debería vigilar a sus socios, como hizo Peña con Carvallo, y las campañas caras abren la puerta a quien las paga. Con juicios que tardan una década y sentencias que se anulan, la cuenta sale a favor de robar. Lo incómodo es lo que la lista dice de nosotros. Los votantes regresaron al poder a Lula, a Menem, a Collor, a Estrada, a García en 2006 y a Cristina en 2019. Toleramos la corrupción mientras es abstracta o la economía camina. En Paraguay, el Congreso que protegió a Peña lo tumbó en horas cuando el desfalco tocó los ahorros de medio país. Un expresidente preso alimenta la sospecha de que todos roban; una sentencia anulada, la de que nadie paga. Entre las dos se gasta la confianza en jueces y partidos, y crece la tentación de dárselo todo a quien prometa limpiar la casa, justo la concentración que produjo a Peña. Paraguay ya demostró que un presidente puede caer. Falta ver si eso le quita a alguien las ganas de intentarlo.